Alberto Barreix advierte sobre complejidades que aumentarán los costos de cumplimiento de los contribuyentes, de control de las administraciones tributarias de los países que se adhieran a convenios internacionales que procuran instalar nuevos esquemas de tributación, y prevé que surgirá la necesidad de un marco regulatorio protector de los derechos del consumidor, la privacidad de los datos y la defensa de la competencia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La República Dominicana, como las naciones de América Latina, debe prestar atención a la evolución del consenso de 140 países para establecer una nueva fiscalidad internacional que traerá consigo grandes complejidades, obligará a diseñar nuevos marcos regulatorios y acarreará nuevos costos de cumplimiento.
El planteamiento fue hecho por el asesor fiscal internacional Alberto Barreix -especialista que ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- durante una conferencia magistral auspiciada por Macro Ideas, iniciativa de la firma consultora Ecomod, liderada por el economista Magín Díaz, con el apoyo de Mediáticos, consultora en comunicación que dirige el periodista Víctor Bautista.
Barreix advirtió que ante la opción de los países de continuar con una política tributaria autónoma -obviando el consenso que se produjo en el cuarto trimestre de 2021- se asume el riesgo de menoscabar su integración comercial y financiera internacional.
El experto se refirió a dos pilares que, a partir de 2024, se podrían convertir en convenios internacionales de adhesión voluntaria: se trata en primer lugar de introducir un mecanismo de reparto de las utilidades “extraordinarias” generadas por las aproximadamente 120 “mega” multinacionales más grandes y, como segundo enfoque, implementar un impuesto mínimo a la renta empresarial a los grupos multinacionales.
La primera opción abarca a las grandes empresas de al menos US$120 mil millones de ingresos, que contribuirían al fisco de los países donde poseen una cuota de mercado, incluso aunque no tengan presencia física.
“Este llamado pilar número 1 se aplica básicamente a las megaempresas digitales y consiste en determinar su balance consolidado mundial y que se reparta la base imponible según el porcentaje de las ventas en cada país sobre las ventas globales del grupo”, destacó Barreix.
Subrayó que, como contrapartida, se prohibiría a los países que se adhieran al convenio la aplicación de impuestos a los servicios digitales, lo que los enfrenta al dilema de participar o no. “Esto es muy relevante porque estas son las empresas líderes de la economía del conocimiento (informática, inteligencia artificial, robótica, redes sociales, y la internet de las cosas, entre otras)”, argumentó.
El conferencista -quien habló a un auditorio compuesto por representantes de las principales empresas del país, técnicos del gobierno y profesionales independientes- sostuvo que el segundo pilar consiste en implementar un impuesto mínimo a la renta empresarial a los grupos multinacionales con ventas superiores a €750 millones.
Se trata, según informó, de unas 8, 000 empresas, que quedarán sujetas a una imposición mínima del 15% sobre la utilidad contable. “Por tanto, si un país renuncia a gravar el 15% de la utilidad contable obtenida por el grupo multinacional en su jurisdicción, el país de la casa matriz tiene derecho a cobrarle a la multinacional hasta dicho 15%. Se trata de evitar que siga siendo posible reducir la carga tributaria trasladando utilidades a países de baja o nula imposición”, subrayó el especialista.
En ese contexto, Barreix argumentó que debe analizarse la conveniencia de establecer un impuesto mínimo nacional, para evitar ceder recaudación a terceras jurisdicciones debido al establecimiento de este impuesto mínimo global. Consideró que, además, será necesario revisar los incentivos fiscales utilizados para fomentar la inversión.
Valoró que estas propuestas presentan desafíos importantes, pues el impuesto sobre la renta se complejiza con la inclusión, junto al régimen general, de varios regímenes especiales: las mega empresas, alcanzadas por el pilar número uno, los grandes grupos multinacionales gravados por el pilar dos; todos los tipos de incentivos y los regímenes simplificados.
Desde la óptica del experto, esta complejidad aumentará los costos de cumplimiento de los contribuyentes y de control de las administraciones.
“Adicionalmente, parece necesario complementar esta nueva fiscalidad con un marco regulatorio que proteja los derechos del consumidor, la privacidad de los datos y la defensa de la competencia, teniendo en cuenta que la economía del conocimiento tiene como elemento en cuestión el propio ser humano, en particular su intimidad y su biología”, apuntó.
La primera entrega de Conferencias Macro Ideas contó con el auspicio de importantes marcas y empresas del país, como AES Dominicana, Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Grupo Martí, Grupo Rica, Inicia, Mar Constructora y Brugal.
Acerca de Alberto Barreix
Es economista que trabajó como Líder Principal en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que actualmente se ocupa del asesoramiento técnico en proyectos de reforma fiscal en América Latina y el Caribe, basados especialmente en temas de política tributaria e integración. Ha sido también consultor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
Ha sido docente en las Escuelas de Gobierno y de Leyes de la Universidad de Harvard, coordinador del Comité de Política Fiscal del MERCOSUR y Director del Departamento de Estadística y Política Fiscal en el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay.
