La República Dominicana logró avances en la lucha contra el trabajo infantil durante 2020, no obstante las dificultades planteadas por la pandemia del covid-19.
Según la más reciente edición del informe del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil en todo el mundo, el país aumentó la cantidad de inspectores laborales y realizó más de 40 mil inspecciones en medio de las restricciones impuestas para controlar la pandemia.
El reporte, publicado digitalmente este miércoles señala que el gobierno dominicano estableció el programa Oportunidad 14–24 con la meta de reinsertar a adolescentes y jóvenes de alto riesgo y socialmente vulnerables a programas de educación y capacitación técnica o vocacional.
“En respuesta a los desafíos educativos ocasionados por la pandemia de COVID‐19, el gobierno adquirió 800 mil tabletas y computadoras portátiles para facilitar la instrucción, al tiempo que distribuyó material con actividades y contenido académicos a cerca de dos millones de alumnos”, explica el informe.
El documento destaca que en el 2020 la Procuraduría General logró obtener tres condenas contra individuos por infracciones penales en relación con las peores formas de trabajo infantil, a diferencia del año 2019 en el cual no se reportaron condenas, pero advierte que todavía existen menores en la República Dominicana vulnerables a este flagelo.
Asimismo, resalta algunos retos pendientes para el país en su lucha contra el trabajo infantil, incluyendo la necesidad de destinar mayores recursos humanos y financieros a la aplicación de la legislación laboral.
Por otra parte, en el informe se destaca el impacto positivo para los esfuerzos de prevención del trabajo infantil de la aprobación de la Ley 1-21, que tenía por objeto prohibir que los menores de 18 años contraigan matrimonio civil.
En el mes de julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había valorado positivamente el trabajo del Gobierno de la República Dominicana durante 2020 en materia de la lucha contra el tráfico y la trata de personas, incluyendo menores de edad vulnerables a la explotación comercial sexual.
