El ex presidiario dominicano Rudy Quezada asesinado en un atraco como parte de una conspiración planeada por presos en la cárcel de La Victoria, y quien fue condenado injustamente a cadena perpetua siendo liberado 24 años después de la sentencia, demandó por un total de $44 millones de dólares, fue gravemente apuñalado en la prisión de Rikers Island y no salió deportado a la República Dominicana, según archivos de los registros judiciales de su caso.
Quezada sometió dos demandas, una, contra el estado de Nueva York, el Departamento de Correcciones de la ciudad (DOC) y otra contra el Departamento de Policía (NYPD), la fiscalía del distrito de Brooklyn cada una por más de $20 millones que totalizaron los $44, pero se tranzó en ambos reclamos, aceptando acuerdos por $5 y $9.5 millones, con lo que sumó $14.5.
Fue liberado el primero de septiembre 2015.
La demanda contra el DOC fue en reclamo de compensación por daños físicos graves, trauma y negligencia de los guardias de corrección en proveerle seguridad, cuando en 1997, fue atacado por varios presos en la cárcel estatal donde estaba confinado, le fracturaron varios huesos, recibió fuertes golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo, quedando por varias semanas en estado crítico.
El caso de Quezada, uno de los más sonados de las últimas décadas en Nueva York y que comenzó a desvelar las maniobras sucias, manipulación de evidencias, testigos y conspiración con detectives del NYPD, para confinar de vida o por muchas décadas a acusados de las minorías, negros y latinos en los años noventa cuando el entonces fiscal del distrito de Brooklyn, Richard Haynes de origen judío y que estaba en su apogeo.
El montaje de los casos por parte de ese fiscal ya fallecido, que asumió el cargo en 1990, y fue derrotado en las elecciones por el puesto en 2013 por el candidato Kenneth Thompson, primer fiscal negro electo en Brooklyn y murió de cáncer antes de cumplir su primer período.
Los federales lo investigaron por acusaciones de que usó $219,000 dólares incautados en operativos anti drogas para financiar casos sucios, pagar a testigos falsos y manipular pruebas, logrando encarcelar injustamente a docenas de acusados que resultaron ser inocentes, siendo uno de los primeros, Quezada.
El ex fiscal murió en enero 2019 a los 83 años de edad en Florida, dejando una de las peores imágenes para un funcionario judicial de su nivel.
Su oficina es ocupada ahora por el fiscal de origen boricua Eric González.
Las maniobras de Haynes, que mantenía desde 1993, año en el que Quezada fue condenado a cadena perpetua con opción de pedir libertad condicional al cumplir 25 años en prisión, comenzaron a darse a conocer luego de que el abogado del dominicano asesinato en su país, iniciara una campaña de denuncias contra el fiscal.
Haynes, secuestraba los testigos falsos a los que alojaba bajo custodia sin estar presos en hoteles cerca del aeropuerto La Guardia en Queens para mantenerlo a poca distancia del edificio estatal en Brooklyn donde opera la fiscalía.
En uno de esos hoteles, estuvo el dominicano Sixto Salcedo, el falso testigo de la fiscalía que incriminó a Quezada, afirmando bajo juramento y ante los jurados que lo vio asesinar al hombre.
Salcedo, quien estaba deportado en la República Dominicana, fue traído de vuelta a Nueva York por el fiscal Haynes, para hacerlo testificar contra el difunto Quezada, con cuyos casos falsos, aseguró su reelección por múltiples períodos.
El testigo, se retractó diciendo que había sido presionado y amenazado por la policía y el fiscal Haynes para que señalara a Quezada en el juicio, luego que el Proyecto Inocencia asumió el caso y descubrió evidencias que favorecieron al asesinado ex presidiario.
Después de ganar su caso en la corte y ser liberado, a Quezada se le restituyó la tarjeta de residencia (Green Card) que le habían confiscado tras la acusación, lo que demuestra que no fue repatriado a su país natal, aunque allí era conocido como “El Deportado”.
Por Miguel Cruz Tejada
