Por Ramón López Ynoa
En el 2013, en una acción sin precedentes, el gobierno dominicano tomó
la decisión de asignarle al Ministerio de Educación el 4% del Producto
Interno Bruto previsto por las leyes y por el que los dominicanos
habían librado un largo y tortuoso proceso de lucha en pro de
conseguirlo.
Se pensó, con sobrada razón, que en lo adelante el país se colocaría
en un mejor nivel comparativo de excelencia educativa respecto a otros
países, pero, cerca de diez años más tarde los resultados no han sido
los esperados. Los niveles de aprendizaje que exhiben los estudiantes
en 2022 es, más o menos, el mismo que en 2012, un año antes de
aplicarlo.
El derecho a la educación es constitucional y no obstante tener los
recursos financieros suficientes, el dominicano no ha logrado
beneficiarse plenamente de este derecho.
A excepción de la política estatal desarrollada en el período
2013-2016 de llevar la asequibilidad educativa a su techo reduciendo
casi a cero el déficit de aulas, hoy pareciera que retrocedemos
décadas pues el ministro de Educación acaba de instruir a sus
directores regionales y distritales para que alquilen locales para
atender la demanda de cupos en los centros públicos.
El actual gobierno, que ya rebasa la mediana edad de su caducidad
cuatrienal, no ha podido fortalecer ese derecho constitucional y, por
el contrario, le asesta al pueblo la inesperada propuesta de rebajarle
el cuatro por ciento del PIB que con tanto ahínco buscó en las calles.
El gobierno se encuentra entre la imposibilidad constitucional de
rebajar, o de mover a otras carteras, recursos del 4.0%, y la
ineficiencia de sus funcionarios que han colocado al ministerio en una
condición de incapacidad ejecutoria de su asignación presupuestaria.
No hayan qué hacer con el 4.0% del PBI a la educación y los
economistas opinan que es demasiado dinero para un ministerio que no
ha sabido utilizarlo.
El paso de Roberto Fulcar por el Ministerio de Educación de la
República Dominicana con su llamado modelo “Educación para Vivir
Mejor” fue frustrante pues dedicó su tiempo en levantar una plataforma
para su proyecto político y de ahí los yerros que cometió.
Y es que, salvo honrosas excepciones, debido a la holgura financiera
que da el 4.0% los ministros llegan con sus propios proyectos, muchas
veces ajenos a su designación, produciendo una fisura que atenta en
contra de una visión educativa a largo plazo que oriente la búsqueda
de respuestas definitivas a las deficiencias educativas de la nación.
Para este año se le asignó al MINERD un poco más de RD$231,000
millones, lo que representó un 20.9% del gasto total consolidado del
Estado dominicano, y para el mes de julio, la ejecución presupuestaria
fue de un 50.2%, relativamente baja si se toma en consideración que el
período escolar terminó y se realizaron las inversiones necesarias
(Ciriaco Cruz, 2022).
La realidad es que con un holgado presupuesto, el cual crece cada año
a medida que crece el PIB, tenemos a 2,5 millones de estudiantes con
falta de aulas, butacas, carencia de personal docente nombrado,
insuficiente personal administrativo, material didáctico, centros
educativos sin recursos para operar, bajos niveles competitivos en
término de aprendizaje y la ausencia de una educación de calidad.
El gobierno dice necesitar en otros ministerios los fondos no
ejecutados en Educación, y sin embargo, tenemos un sistema educativo
que “se mantiene en un vaivén, un poco hacia adelante y un poco hacia
atrás” con evidencias de muchas carencias. Es fácil advertir que la
asignación del 4% del PIB a Educación no ha sido la panacea a sus
debilidades, ¿Qué haremos, pues, con el 4%? les pregunto.
El autor es catedrático de la UASD y ex director regional de Educación
en Barahona
