Propuesta de autogestión financiera para el Poder Judicial y Ministerio Público
Introducción
Tabla de contenido
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha propuesto un mecanismo de autogestión financiera y presupuestal para dotar al Poder Judicial y Ministerio Público de más recursos, lo que permitiría una mayor independencia en sus decisiones y operatividad.
Mecanismo propuesto
Según la FJT, este mecanismo sería similar al modelo actual de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Internos, que destina un porcentaje de sus recaudaciones para su propio financiamiento. En el caso de aduanas, es un 4% y para impuestos internos es un 2%.
Beneficios potenciales
Esto significaría recaudaciones significativas, como los más de 115 mil millones y casi 400 mil millones generados por aduanas e impuestos internos respectivamente en 2017. Estos fondos no dependerían de la asignación tradicional por ley, lo que daría mayor autonomía a estas instituciones.
Objetivo del mecanismo
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, aclara que no se trata de aumentar impuestos, sino de redistribuir los recursos generados por el Poder Judicial, como los impuestos de la jurisdicción inmobiliaria. Esto garantizaría la operatividad de la justicia.
Necesidad de reingeniería
Potentini destaca la importancia de una reingeniería presupuestaria y administrativa para el Poder Judicial y Ministerio Público. Esto incluiría modificar la constitución para asegurar la independencia del Ministerio Público y garantizar su legitimidad.
Riesgos actuales
La FJT expresa su preocupación por la posible quiebra de estas instituciones debido a la falta de recursos. Esto podría afectar la seguridad jurídica y disuadir la inversión extranjera, ya que sin recursos adecuados, no podrán cumplir con sus responsabilidades de manera efectiva.
Conclusiones
es fundamental implementar un mecanismo de autogestión financiera para el Poder Judicial y Ministerio Público, que les permita contar con los recursos necesarios para operar de manera independiente y eficiente. Esto contribuirá a fortalecer el sistema de justicia y garantizar la seguridad jurídica en el país.
