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A su regreso de República Dominicana donde junto a sus abogados apoderó a la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA del expediente contra el ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán, el ex director del voto en el exterior Gilberto Cruz Herasme y otros funcionarios de las OCLEE´s y OPREE´s en la circunscripción 1 de Estados Unidos, el doctor Yomare Polanco dijo esperar que tanto la PEPCA como el Tribunal Constitucional (TC) restituyan la dignidad violada de la diáspora.

Altice

Polanco y el abogado Miguel Ángel García Rosario, depositaron la querella por desfalco de unos $4 millones de dólares y la conspiración electoral que lo despojó del triunfo de la diputación de ultramar gestada en Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC, apoyada por las revelaciones y evidencias financieras del libro “La Cara Rota de la Diáspora” publicado por el periodista Esteban Cabrera.

El legajo fue recibido por un fiscal auxiliar del despacho del procurador anti corrupción Wilson Camacho. Polanco ha sugerido que el PEPCA bautice como “Operación Cuervo” las acciones legales contra los responsables sindicados.

El también empresario y activista social y comunitario aclaró que incluso, su diputación es irrelevante ante la necesidad de que la justicia dominicana actué en su papel de corresponder a la defensa de los derechos civiles y constitucionales de miles de dominicanos y dominicanas cuya voluntad en las urnas fue mancillada el 5 de julio 2020.

Explicó que el apoderamiento al PEPCA del expediente sustentado en todas las evidencias irrefutables en relación a los desfalcos que incluyeron transferencias de fondos del estado a las cuentas personales de varios funcionarios de la JCE en el exterior, incluyendo a Europa y el caos electoral dirigido por Castaños Guzmán y Cruz Herasme tiene el propósito de que se haga justicia y se rectifique la conspiración mafiosa que en la parte electoral pisoteó los derechos de los electores dominicanos.

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Advirtió que la entrega a la PEPCA de la querella es parte de una de las fases de la lucha por la dignidad y que una tercera fase sería el apoderamiento en Estados Unidos al Departamento de Justicia, el FBI, el Departamento del Tesoro y una corte federal, lo que podría poner en riesgo futuras celebraciones de comicios en ultramar, cuando esas instancias comprueben las evidencias.

Además de Castaños Guzmán y Cruz Herasme, las acusaciones citan como co responsables a Rafael González, Gianilda Licelot Díaz Fernández y Ana María Matos Espinosa, asistente administrativa y supervisora en nueva York, Génesis Mabel Sosa Abreu de la OPREE en Washington DC y Johanna Leonidas Tineo Estévez de la OPREE Nueva Jersey.

También a Sublime Larancuent Guzmán, quien fungió como encargada interina de la OPREE  en Washington DC, Gisela Adela Almonte Francisco y Sonia María Lavandier Taveras.

“El director del voto en el exterior fue quien organizó todo y autorizó las transferencias corruptas en el Banco de América (Bank of America), que cerró la cuenta de la JCE manejada a través del consulado”, añadió Polanco.

“Incluso, hasta el consulado podría verse afectado por una intervención del Departamento de Estado, porque al hacer retiros de cientos de miles de dólares, también se evadió el pago de impuestos”, dijo.

“El argumento de la anterior JCE de que esos retiros hubo que hacerlos por la premura de montar las elecciones, es completamente banal. Lo hicieron que si hubiera sido en la República Dominicana”, explicó.

Añadió que todos los que malversaron el dinero transfiriendo enormes cantidades a sus cuentas personales en Nueva York, Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania figuran en el expediente.

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“Se hizo una auditoría forense que confluyó con la de la actual JCE revelando los desfalcos. Está documentado, esa es la lucha de nosotros, fue una mafia organizada”, señaló Polanco.

“Usaron el territorio norteamericano que nos da el privilegio y en nombre de la democracia y la constitución dominicana vinieron a delinquir a Estados Unidos, estamos hablando de alrededor de $5 millones de dólares, podrían ser menos o más”, agregó.

Dijo que la nueva JCE no ha podido poner en claro el paradero de $1.3 millones desaparecidos que supuestamente se devolvieron y duplicaron las cifras en marzo y julio.

“Hubo tres transferencias de Nueva York a Nueva Jersey a lo que obligaron a Rafael González aún estando en diálisis porque padece de afección renal”, puntualizó Polanco.

Reveló que los $1.3 millones fueron retirados en el Bank of America y fueron movidos hasta que llegaron a Nueva Jersey donde desaparecieron.

“Es una vergüenza que la cuenta del consulado fuera cerrada por violaciones a las leyes bancarias de Estados Unidos y para uso indebido, lo sabe la JCE, los partidos y todas las instituciones jurídicas y nadie ha hecho nada”, sostuvo.

“El Chapo Guzmán nunca vino a Estados Unidos a vender drogas, pero las enviaba y fue condenado a cadena perpetua por dañar y abusar de mucha gente, es lo mismo: lo extraditaron y fue sentenciado”, añadió.

Dijo que hubo funcionarios que la JCE mandó desde República Dominicana a sabiendas que tienen expedientes criminales allá.

“No lo vamos a permitir, somos la víctima”, advirtió Polanco.

“Pueden pasar el 2022, 2023 y 2024 y la diputación es irrelevante, aquí lo que tenemos es que crear las bases para que el edificio de la democracia dominicana en el exterior se dignifique”, dijo.

Por Miguel Cruz Tejada

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