Miguel Cruz Tejada
El doctor Yomare Polanco advirtió que la ley RICO un estatuto del sistema federal de Estados Unidos que persigue la corrupción internacional, el crimen organizado y los clanes mafiosos, podría implicar a funcionarios y juristas dominicanos que están en contubernio con el caos electoral y financiero ejecutado en las elecciones del exterior en 2020.
Dijo que esos funcionarios y juristas han apoyado las irregularidades, el caso electoral y financiero, y han evadido sus responsabilidades como funcionarios a servicio del pueblo para proteger los oscuros intereses de políticos y figuras como el doctor Julio César Castaños Guzmán, ex presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Gilberto Cruz Herasme (entonces Director del Voto en el Exterior) y otros funcionarios de las OCLEEs que dirigieron literalmente una mafia electoral y financiera en territorio norteamericano contra ciudadanos estadounidenses durante las elecciones del 5 de julio del 2020.
En una entrevista el martes en el programa Revista 110 que conduce Julito Hazim, Polanco explicó que la ley RICO podría llegar hasta ellos por encubrir y proteger a los protagonistas de los abusos, desmanes, lavado de dinero, evasión de impuestos, obstrucción de la justicia, negligencia, asociación de malhechores y otros delitos federalmente punibles porque se cometieron en territorio de Estados Unidos, violando también los derechos de ciudadanos americanos que sufragaron en las elecciones del exterior 2020.
Señaló que los funcionarios de tribunales e instancias judiciales en la República Dominicana en contubernio con la mafia electoral de 2020, podrían ser plausibles de que se les aplique la ley RICO por conspiración para encubrir a los responsables del caos electoral y financiero.
“La ley RICO es un largo brazo con tentáculos para llegar a donde sea, capturar y condenar a todos los que tienen que ver con el crimen organizado”, precisó Polanco.
Sostuvo que para nadie es un secreto que las elecciones del 5 de julio 2020 en el exterior fueron criminalizadas, lo que ha sido admitido públicamente por legisladores de ultramar y reconocidos dirigentes del PRM y otros partidos dominicanos en Nueva York, por la prensa y por organizaciones comunitarias y miembros de la participación ciudadana.
“Ocurrieron eventos criminales primero, para robarse más de $5 millones de dólares del erario destinados al montaje de las elecciones, se robaron una diputación, vulnerando el derecho de los constituyentes de elegir y ser elegidos, en violación a sus derechos constitucionales”, agregó Polanco.
“Se relajó el sistema monetario de Estados Unidos, se evadió impuestos e incluso, se infiltró el narcotráfico igual que en las elecciones en la República Dominicana”, puntualizó.
Polanco reveló que todo eso es parte de la conspiración del 2020 en su contra y en contra de la diáspora, y del país, y que hay otras aristas que serán desveladas en la Corte Federal de Pensilvania donde el proceso se está ventilado.
Indicó que funcionarios de instancias judiciales como la PEPCA, el TSE, el TC y algunos miembros de la actual JCE que han estado apoyando con sus acciones a esas actividades criminales, serán alcanzados por la ley RICO y serían llamados a la justicia de Estados Unidos para que expliquen el porqué del encubrimiento y/o del contubernio.
“Quienes recibieron órdenes de los ejecutores principales de la conspiración y el caos, también tendrán que responder y señalar a quienes los alentaron, contrataron o beneficiaron para que se prestaran a cometer las tropelías en las elecciones del exterior 2020”, agregó Polanco.
“Mi sugerencia a las autoridades, funcionarios, y juristas en la República Dominicana es que no enloden más al país y que apoyen lo correcto basado en hechos y evidencias y no por presión política, ni por beneficio personal, subrayó.
“Eso es crimen organizado: poner a la justicia a un lado para armar el muñeco que les dé la gana”, anexó Polanco recordando que como parte de la conspiración se desaparecieron y se quemaron votos para desacatar la resolución 793-2020 del TC que ordenó el reconteo de unos seis mil votos nulos y observados que nunca se pudieron contar lo que representa sin lugar a dudas un crimen.
