Santo Domingo, RD. – La necesidad de reformar el artículo 86 del Código de Trabajo de la República Dominicana se ha convertido en una prioridad para evitar el impacto financiero desproporcionado que ha generado en las empresas y la sobrecarga en los tribunales laborales. La abogada especializada en derecho laboral, Rosalina Trueba, ha planteado una reforma que permita mayor transparencia y justicia en los procesos judiciales sin perjudicar los derechos de los trabajadores.
Trueba explicó que la actual disposición penaliza a los empleadores con una sanción acumulativa si no pagan las prestaciones dentro de los primeros diez días posteriores a un desahucio, generando deudas impagables debido a la mora judicial.
“El problema radica en que la penalización no se detiene hasta que el expediente sea fallado con una sentencia definitiva e irrevocable. Esto ha provocado un crecimiento descontrolado de deudas debido a retrasos en los tribunales, algo que ni empleadores ni trabajadores pueden controlar”, señaló la experta.
Según la abogada, este mecanismo ha sido aprovechado por algunas partes para prolongar litigios y aumentar artificialmente las sumas adeudadas, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de muchas empresas.
Ante este escenario, Trueba, quien también es representante del sector empleador en el Consejo Consultivo del Trabajo, ha presentado una propuesta de reforma con el objetivo de equilibrar los intereses de ambas partes.
Entre los cambios que plantea se incluyen:
- Unificación de procesos: Un mismo juez conocerá tanto la demanda en validez de oferta real de pago como la demanda por desahucio, evitando contradicciones en los fallos.
- Procedimiento sumario: Se agilizarán los trámites laborales para evitar dilaciones innecesarias, estableciendo plazos más cortos para cada etapa del proceso.
- Cálculo justo de la penalización: Se propone que los días en los que el expediente esté en estado de fallo y sin sentencia no generen penalización para el empleador.
- Límite razonable a las deudas: El monto total de la penalización no podrá exceder el doble de la cantidad originalmente adeudada.
Trueba enfatizó que la reforma es una medida urgente e inaplazable para garantizar la estabilidad económica de las empresas y fortalecer la justicia laboral en el país.
“El Congreso Nacional tiene la oportunidad de corregir una distorsión legal que afecta tanto a empleadores como a trabajadores. Es necesario establecer un marco más equitativo que garantice un entorno de seguridad jurídica para todos los actores del mercado”, expresó la jurista.
Desde diversos sectores empresariales y jurídicos han manifestado su apoyo a la propuesta, argumentando que el actual artículo 86 fomenta el colapso financiero de las empresas, limita la generación de empleos y obstaculiza la agilidad del sistema de justicia laboral.
La reforma de esta legislación permitiría un equilibrio más justo entre la protección de los derechos de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas, promoviendo un clima de mayor transparencia y equidad en el ámbito laboral.
“El momento de actuar es ahora. Ajustar esta legislación es un paso clave hacia una justicia laboral más justa, eficiente y transparente”, concluyó Trueba.
