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Por Marcelo Peralta

Altice

SANTIAGO RODRIGUEZ, R.D. – En la apretujada cárcel que opera en la Fortaleza General Santiago Rodríguez, de aquí, decenas hombres de origen dominicanos y haitianos violadores leyes están “encerrados”, “apiñados”, “carentes de espacios”, “durmiendo unos encima de otros” y expuestos a contraer enfermedades.

El actual sistema carcelario se instaló en ese lugar hace 78 años para una población carcelaria de 40 personas y hoy día la cantidad de presos supera los 200.

Familiares que tienen parientes presos por la comisión de diversos delitos, deploran la situación actual de los confinados, al decir de algunos de sus familiares podría desencadenar un desastre humano patológico.

De ocurrir una catástrofe humana, familiares de los confinadlos culparían al Gobierno del Presidente Danilo Medina por la alegada indolencia de las autoridades locales, nacionales, a las deficiencias del sistema político, el carcelario, por solo hacer inversiones en ciudades de mayores poblaciones habitacionales.

El lugar fue construido en principios para privar de libertad a 40 personas que violaban las leyes y normas establecidas en la Constitución de la República, pero que hoy día están presos más de 200 seres humanos soportando las inclemencia de un sistema carcelario deficiente y cumpliendo condenas por delitos cometidos.

La actual población carcelaria que posee la Fortaleza General Santiago Rodríguez y su viejo sistema, situado en la calle Pedro Thomas, número 56, frente al Parque Profesor Juan Rosado Capellán, al que no ha llegado la modernidad y podría desencadenar una epidemia.

Al decir de familiares, allí existen presos haitianos y dominicanos, una cantidad que sobrepasa los límites establecidos por ley.

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Algunos con condenas definitivas aplicadas por los tribunales, a otros le han aplicado medidas de coerción y una considerable cantidad vienen de otras cárceles.

Debido a la falta de espacio, en ese precinto están juntos “mansos y cimarrones”, “apiñados” y “pudriéndose” debido a las deplorables condiciones de insalubridad, por la ineficiencia y las indolencias de las autoridades carcelarias.

Dicen que el sistema carcelario implementado en la cárcel debe ser cambiado con la construcción de un nuevo local en donde los confinados tengan espacios suficientes para ejercitarse.

Representantes de sectores locales están cansados de “arrodillarse” ante las autoridades de Santiago Rodríguez, a las de la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones pidiendo humanizar las condiciones de los presos, sin embargo, sus palabras se las lleva “el viento”, caen en un “vacío” y se las traga el Desierto de Sahara, ya que nadie en las altas instancias los escucha.

Desde que la provincia de Santiago Rodríguez fue creada en 1948 se ha venido reclamando mejores condiciones del entorno, sin que sus voces tengan “ecos” en las esferas del Estado.

En ocasiones, el saliente Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito prometió cambiar el sistema tradicional existente en la provincia por considerarlo arcaico implementado en la época de la dictadura de Rafael Trujillo Molina, pero todo quedó en planes truncos.

Domínguez Brito lamentaba que sistema vulneraba la dignidad de los seres humanos, negándoseles hasta la rehabilitación, que se fomentaba la corrupción, permite la permanencia delictiva dentro del recinto, no obstante nunca hizo nada por mejorarlo.

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El pasado funcionario permaneció todo el tiempo en el cargo y nunca logró humanizar a los presos en Santiago Rodríguez, quedando todo en “palabrerío”.

La misma promesa.

En iguales términos se mostró el Procurador General, Jean Alian Rodríguez quien en una visita a la zona declaró que había hecho un gran esfuerzo por enfrentar el problema de esa cárcel, hasta ahora con resultados negativos.

Y afirmaba que cuando se construyera una nueva cárcel, los internos tendrían otras condiciones donde imperaría la disciplina, limpieza, obediencia, quedaría atrás la insalubridad y nunca ha hecho nada.

Rodríguez dijo en una visita a la zona que toda persona que ha cometido un delito tiene derechos consagrados en la Constitución República que deben ser respetados, aparte de condiciones humanas saludables.

Sus aseveraciones fueron con “bombos y platillos”, al considerar que a los presos hay que garantizarle la salud, educación, buena higiene, salubridad, alimentación adecuada, porque son derechos inherentes dentro del Modelo de Gestión, con trato igualitario, sin privilegios adicionales.

Prometió trabajar para completar la transformación en todos los recintos actuales que operan bajo el modelo tradicional, lo que permitiría la rehabilitación de los presidiarios tratando de buscar que al cumplir sus penas reincorporarse a la sociedad.

A pesar de los ofrecimientos, todo quedó en el limbo y sus palabas se las llevaron los vientos.

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