Los montos en los patrimonios declarados por el senador Félix Bautista y la pasada diputada Lucía Medina fue lo que motivó a las autoridades a convocarles a la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (Pepca) para que expliquen cuestiones de interés para las autoridades y el país.
La magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, dijo que no se podía precisar el número de funcionarios presentes o pasados que serían llamados a entrevistas por los montos indicados en sus declaraciones de patrimonio.
Además, informó que como tienen en estos momentos muchos documentos en mano no pueden precisar en términos de tiempo cuánto tardaría el proceso.
La procuradora dijo que con el actual proceso se busca verificar las declaraciones juradas que fueron reportadas a la Cámara de Cuentas por funcionarios entrantes y salientes.
La Pepca tiene pautadas entrevistas los días miércoles, jueves y viernes con Lucía Medina, Félix Bautista y la actual ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, quien el pasado lunes anunció que pedía una licencia sin disfrute de sueldo mientras se procedía a investigarla.
Tres personas fueron entrevistadas por la semana pasadapor la Pepca. Uno de los entrevistados fue Radhamés Camacho, pasado presidente de la Cámara de Diputados, y el actual legislador; Robert de la Cruz, pasado asistente del expresidente Danilo Medina, y el alcalde del municipio Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación.
La declaración jurada de bienes es un documento que permite a los funcionarios públicos presentar datos sobre sus bienes patrimoniales, para desempeñarse en la actividad pública, tales como casas, vehículos, ingresos y egresos, y otros tipos de pertenencias. El 8 de agosto de 2014 fue promulgada la ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, la cual designa a la Cámara de Cuentas como órgano responsable del control, fiscalización y aplicación de la presente ley.
COMPROMISO
Juramento
Una declaración jurada de bienes es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa.
Esto hace que el contenido de la declaración sea tomado como cierto hasta que se demuestre lo contrario.
