Santo Domingo, República Dominicana. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, ve preocupante la falta de voluntad de los actores políticos para las modificaciones de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Indicaron que la Junta Central Electoral realizó un aporte valioso, presentando propuestas muy bien fundamentadas para la modificación de la Ley Electoral y de Partidos. Desde inicio de este año 2022, los actores políticos y sociales, junto a representantes de la JCE, se sentaron a discutir las reformas del sistema electoral en el marco del Consejo Económico y Social (CES).
El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, precisó que ya fue entregado un informe de resultados de las mesas de diálogo, sin que el Congreso Nacional le haya asignado la urgencia que merece, frente a la inminencia de un proceso electoral que ya muestra indicios de precipitación.
“En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativa las leyes electorales y de partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral. Es importante mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”, expresó Abreu en rueda de prensa.
Participación Ciudadana señaló que, con el inicio de la legislatura, es urgente que el Congreso Nacional ponga en agenda la discusión de las leyes 33-18 y 15-19 para su modificación, con la finalidad de fortalecer el sistema electoral y de partidos.
“Los Partidos Políticos son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la Nación, y a su vez instituciones claves de representación. No obstante, cuando las regulaciones no son suficientemente eficientes, preventivas y sancionadoras, se producen serias distorsiones en el sistema político y se afecta la equidad, la transparencia y la legitimidad, valores fundamentales de la democracia”, expresaron.
Joseph Abreu indicó que la institución entiende que todos los sectores tienen conciencia de las deficiencias de las referidas leyes y de que es necesario corregirlas antes de abocarnos a un nuevo proceso electoral.
En este orden el movimiento cívico realizó hincapié en algunas modificaciones propuestas por la Junta Central Electoral que tienen mucho impacto y requieren ser aprobadas con tiempo, de manera que, en el 2024, el país pueda salir fortalecido.
En lo referente a la Ley 15-19
• Avances y garantías en la paridad de género horizontal y vertical
• Reducción de los plazos de apertura de campaña
• Eliminación de la sumatoria de votos, con excepción del nivel senatorial
• Reducción de los topes de los gastos de campaña por organización y por candidatura
• Reducción de los topes de las contribuciones individuales
• Fórmula de repartición de escaños más democrática
• Establecimiento de crímenes y delitos electorales y sus sanciones
• Establecimiento de un Ministerio Público Electoral
• Plazos y sanciones relativos a los informes de ingresos y gastos
• Establecimiento de crímenes contra la integridad de las elecciones
En lo relativo a la Ley 33-18
• Modificación de plazos para las solicitudes y aprobaciones de reconocimiento
• Establecimientos de nuevas infracciones administrativas electorales
• Modificaciones al período de campaña interna y escogencia de candidatos
• Topes de gastos de precampaña y contribuciones a los precandidatos
• Tipos de propaganda permitida y prohibida
• Modificación de las responsabilidades de la JCE en las primarias de los partidos
• Definición del pago de los gastos de las primarias
• Porcentaje de reservas de las candidaturas por parte de la dirección de la organización
• Causas de pérdida de la personería jurídica de los partidos y agrupaciones
• Sanciones de las infracciones administrativas
• Regulaciones de las alianzas y coaliciones
Participación Ciudadana hace un llamado urgente al Congreso Nacional, en su función de legislar a favor del pueblo dominicano, a colocar en agenda las referidas leyes lo antes posible y llevar a feliz término el proceso de modificación de las mismas, adaptándolas a la Constitución y al reclamo generalizado del país de contar con un régimen electoral y de partidos más comprometido con los avances democráticos.
