Santo Domingo, RD. – El abogado Oliver Batía, representante de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República (ASP-CGR), lanzó un fuerte emplazamiento al Contralor General, Félix Santana García, para que demuestre públicamente que la institución no adeuda más de RD$300 millones a sus empleados.
Batía afirmó que la deuda corresponde al Incentivo de Rendimiento Individual acumulado entre los años 2020 y 2025, y no al llamado “bono de desempeño” como, según él, intenta hacer ver el Contralor para confundir a la población.
En respuesta a las recientes declaraciones oficiales, el jurista recordó que la negativa del Contralor a pagar esos incentivos es precisamente la base de una demanda por RD$580 millones en daños y perjuicios interpuesta por 580 servidores de Carrera Administrativa.
“No reclamamos el bono por desempeño del servidor público de carrera. Lo que exigimos, como Asociación, es el pago del incentivo de rendimiento individual que nos corresponde por ley”, explicó Batía con firmeza.
El abogado sostuvo que estos derechos están respaldados por las resoluciones No. 100-2018, No. 041-2020 y No. 008-25 del Ministerio de Administración Pública (MAP), así como por el Decreto 523-09, que en su artículo 26 reconoce de forma explícita el derecho de los servidores públicos a recibir estímulos e incentivos materiales y morales.
En la misma línea, citó el Decreto 527-09, que establece que la política salarial del Estado debe basarse en el mérito y en la evaluación del desempeño, integrando los incentivos a la estructura retributiva oficial bajo un diseño formal aprobado por el MAP.
“Esas resoluciones indican que existen tres tipos de bonos: el de rendimiento individual, el bono de carrera y el bono colectivo del SISMAP. No son lo mismo y no se pueden confundir”, recalcó.
La ASP-CGR rechazó categóricamente la afirmación de que no existe deuda, asegurando que los registros internos y testimonios de los propios servidores demuestran la falta de pagos durante seis años consecutivos.
Batía advirtió que este incumplimiento afecta no solo el patrimonio de los empleados, sino también la credibilidad y el respeto institucional hacia la carrera administrativa en la República Dominicana.
“El Contralor se ha atribuido la facultad de suprimir este derecho, alegando un supuesto equilibrio con otros servidores públicos. Pero, ¿cuál es entonces el beneficio real para los servidores de carrera?”, cuestionó.
El jurista enfatizó que los incentivos de rendimiento individual son parte integral del reconocimiento al trabajo y compromiso de los empleados, y que su eliminación representa una vulneración directa a los principios de mérito y justicia laboral.
Asimismo, reiteró que el gremio está dispuesto a llegar hasta las últimas instancias legales para garantizar que se cumplan los derechos adquiridos por los trabajadores de la Contraloría General de la República.
Finalmente, Batía instó al Contralor Félix Santana García a presentar de manera transparente los documentos y pruebas que sustenten su versión, asegurando que la verdad saldrá a la luz y que la justicia respaldará a los servidores públicos.
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