Bartolo García
Santo Domingo, RD.– A pesar de las manifestaciones de activistas sociales a favor de la despenalización del aborto en tres causales, el Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura, y de manera unánime, el proyecto de ley que propone un nuevo Código Penal dominicano, con el que se busca modernizar el marco jurídico penal del país.
El nuevo código, que consta de 413 artículos, introduce más de 70 nuevos tipos penales, adapta la legislación a los desafíos contemporáneos y eleva la pena máxima de prisión de 30 a 40 años. Además, establece un sistema de cúmulo de penas que puede alcanzar los 60 años, como medida para responder con mayor firmeza a los delitos graves.
Entre las conductas que se tipifican por primera vez se incluyen el feminicidio, el sicariato, el genocidio, la violencia intrafamiliar, el uso de sustancias químicas peligrosas como el “ácido del diablo”, el hostigamiento o bullying y las relaciones sexuales no consentidas, entre otras figuras penales.
La aprobación se produce cuando faltan apenas 16 días para el cierre de la presente legislatura ordinaria, por lo que los senadores manifestaron su interés en que el proyecto sea convertido en ley antes de finalizar el mes, luego de años de intentos fallidos.
El senador Santiago Zorrilla expresó que este paso representa un compromiso del Congreso con una legislación más moderna y eficaz. “La sociedad ha cambiado y las leyes deben ir a la par de esa evolución. No podemos seguir con un código del siglo XIX para enfrentar los desafíos del siglo XXI”, dijo.
El Código Penal vigente fue promulgado en 1884 y, aunque ha recibido múltiples reformas parciales desde 1910, su estructura general no se ha actualizado de manera integral en más de un siglo.
Desde el año 2000, durante el gobierno de Hipólito Mejía, se han presentado diversos proyectos de reforma. La administración de Leonel Fernández (2004–2008) devolvió el proyecto aprobado por inconsistencias con el Código Procesal Penal, promulgado en 2002, y los intentos continuaron sin éxito durante varios períodos legislativos.
Uno de los momentos más cercanos a la aprobación definitiva se produjo en 2014, cuando el entonces presidente promulgó el Código Penal aprobado por ambas cámaras, con entrada en vigor prevista para diciembre de 2015. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló dicha ley a través de la Sentencia TC/0599/15, por considerar inconstitucionales varios artículos, incluyendo los relativos al aborto.
Desde entonces, la República Dominicana ha continuado operando bajo la Ley No. 2274 del 20 de agosto de 1884, lo que ha sido criticado por sectores jurídicos, sociales y académicos por no responder adecuadamente a los retos actuales de seguridad, derechos humanos y justicia penal.
Durante la sesión, varios legisladores insistieron en que este código es un paso esencial hacia una justicia más coherente, integral y moderna, aunque reconocieron que aún hay temas sensibles, como la interrupción del embarazo, que seguirán siendo objeto de discusión.
Las expectativas ahora se centran en la Cámara de Diputados, que deberá conocer el proyecto en las próximas semanas. Si se aprueba sin modificaciones, podría finalmente convertirse en ley tras décadas de intentos fallidos.
Mientras tanto, activistas a favor de los derechos de las mujeres reiteraron su rechazo al texto aprobado, por no incluir excepciones claras en materia de aborto, y anunciaron que mantendrán su lucha por una legislación más inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
El Congreso Nacional enfrenta así uno de los desafíos legislativos más emblemáticos de los últimos tiempos: dotar al país de un Código Penal que combine el respeto a los derechos humanos con una respuesta firme frente a la criminalidad del presente.
