El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, llamó la atención por las bajas penas que establece el Código Penal, aprobado ayer por la Cámara de Diputados, para aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción.
El jurista crítico que en el artículo 303 del proyecto de ley se castiguen con penas de 2 a 3 años los delitos de corrupción, y pidió a la Comisión de Justicia que estudia la pieza reconsiderar este aspecto.
Además, habló de la necesidad de aprobar una ley de extinción de dominio que permita expropiar a los funcionarios los bienes producto de actividades ilícitas.
Dijo que, con esta norma, el Estado no tendría que esperar que concluya un proceso en la justicia ya que podía incautar las propiedades a cualquier ciudadano que no pueda demostrar el origen lícito de ellos.
El abogado se refirió al tema tras participar en la puesta en marcha de un código de ética para las contrataciones públicas en el Palacio Nacional con la presencia del presidente Luis Abinader.
Lo que indica que el artículo 303 del proyecto de Código Penal:
“Todo funcionario o servidor publico que, prevaliéndose de su posición dentro de los órganos, entes y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para si o para terceros provecho económico, mal utilice los bienes públicos para beneficio privado, ofrezca, prometa o realice actividad inherente a su cargo, comete la infracción de corrupción y será sancionado con dos a tres anos de prisión e inhabilitación para ocupar funciones publicas por un termino de cinco a diez anos”.
