Bartolo García
SANTO DOMINGO.- La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional continuará ventilando la demanda interpuesta por el periodista Rafael Polanco y su esposa, Aida Fernández de Polanco, quienes reclaman el pago de una indemnización dispuesta por el Tribunal Constitucional. La tercera audiencia está programada en el marco de un litigio que se extiende por más de dos décadas.
Esta demanda surge a partir de la Sentencia TC-0428-18 del Tribunal Constitucional, que ordenó la devolución del apartamento 1-D, manzana 4698, edificio 18 en Invivienda Santo Domingo a sus legítimos dueños, los cuales fueron despojados del mismo en el año 2000 por un acto de prevaricación de un funcionario del entonces Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Además, se estableció una multa de 5,000 pesos diarios por incumplimiento hasta que se ejecutara la sentencia.
Los Polanco-Fernández, respaldados por la instrucción del presidente Luis Abinader al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, para asegurar que las entidades estatales cumplan con las sentencias del Tribunal Constitucional, han buscado la intervención de Peralta Romero para la ejecución del fallo.
La falta de acción por parte del Ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla Sánchez, representa una violación al Artículo 51 de la Constitución, que reconoce y garantiza el derecho de propiedad, estableciendo que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones.
Hasta la fecha, se han realizado dos audiencias, siendo la primera el 21 de agosto y la segunda el 6 de noviembre de 2024, donde inicialmente el Ministerio de Vivienda y Edificaciones no se presentó, pero en la segunda audiencia sus abogados solicitaron la comunicación de documentos.
El caso ha sido sustentado por un panel de magistrados liderado por Milton Ray Guevara, y los demandantes están representados legalmente por los abogados David R. Lorenzo, Augusto Robert Castro y Antonely Paredes. La situación sigue desarrollándose mientras los afectados esperan una resolución que restaure sus derechos propietarios y compense los daños sufridos durante este prolongado proceso judicial.
