Bartolo García
La Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) expresaron su agradecimiento al Senado de la República Dominicana por la aprobación del proyecto de ley que actualiza la distribución de los ingresos de los gobiernos locales, al considerar que representa un paso firme para el fortalecimiento de la autonomía municipal.
Ambas entidades coincidieron en que la iniciativa legislativa responde a una necesidad largamente planteada por los ayuntamientos y distritos municipales, al permitir una estructura presupuestaria más coherente con las funciones reales que desempeñan los gobiernos locales en el territorio.
El proyecto aprobado busca armonizar la estructura de gasto municipal con la del Presupuesto General del Estado, estableciendo una distribución más clara entre gastos corrientes y gastos de capital, lo que facilita una planificación financiera más eficiente y transparente.
En ese sentido, la normativa fija topes de gasto que establecen un máximo de 75 % para gastos corrientes y un mínimo de 25 % para gastos de capital, parámetros que, según la LMD y Fedomu, se ajustan mejor a la naturaleza de los ayuntamientos como prestadores directos de servicios básicos.
Las organizaciones municipales explicaron que los gobiernos locales enfrentan una alta carga operativa, debido a que no reciben en su totalidad el porcentaje de transferencias establecido en la Ley 166-03, lo que obliga a destinar una parte significativa de sus recursos a servicios esenciales.
Entre estos servicios obligatorios se encuentran la gestión de residuos sólidos, el mantenimiento de parques y espacios públicos, la administración de cementerios, mercados y mataderos, así como otras competencias que impactan directamente la calidad de vida de la población.
De acuerdo con la LMD y Fedomu, la nueva estructura presupuestaria permitirá que cada municipio y distrito municipal adapte su gasto a sus necesidades específicas, reconociendo que no todos los territorios enfrentan los mismos retos ni requieren el mismo nivel de inversión.
“Con esta propuesta de cambio legislativo se logra una mayor flexibilidad para responder a la realidad diferenciada de cada territorio”, señalaron, al destacar que la diversidad municipal del país exige marcos normativos más ajustados a esa pluralidad.
Las entidades también aclararon que, aunque el proyecto de ley contempla sanciones administrativas por incumplimientos, esto no excluye la aplicación de la vía penal cuando los hechos constituyan delitos tipificados en el ordenamiento jurídico dominicano.
Precisaron que conductas como la malversación de fondos públicos, el desfalco, la prevaricación, el abuso de autoridad, la asociación de malhechores o las violaciones a la Ley 340-17 sobre Compras y Contrataciones pueden ser perseguidas penalmente.
Asimismo, indicaron que el enriquecimiento ilícito o cualquier beneficio personal probado seguirán siendo objeto de sanciones penales, independientemente de que la ley reformada haga énfasis en el régimen administrativo.
“La existencia de sanciones administrativas no implica despenalización automática”, subrayaron, al explicar que para ello la ley tendría que establecer de manera expresa la exclusividad de la vía administrativa, lo cual no ocurre en el texto aprobado.
En ese contexto, LMD y Fedomu consideraron que la reforma mantiene intactos los mecanismos de control y fiscalización, al tiempo que brinda mayor capacidad de gestión a las autoridades municipales.
Ambas instituciones reiteraron su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el fortalecimiento institucional de los ayuntamientos, como base para un desarrollo local sostenible.
Finalmente, valoraron la aprobación senatorial como un hito en la modernización del régimen municipal dominicano y confiaron en que la nueva ley contribuirá a gobiernos locales más eficientes, responsables y cercanos a las comunidades que sirven.
