El Ministerio de Educación tramitó el pago de los compromisos laborales a los servidores públicos que han sido desvinculados. Este proceso se realiza en colaboración con el Ministerio de Administración Pública y la Contraloría General de la República.
El ministro de Educación Roberto Fulcar dijo que “El 100% de las solicitudes realizadas por los servidores públicos separados del Ministerio de Educación fueron aprobadas y canalizadas a la Contraloría General de la República para fines de procesamiento. Este compromiso económico representa para el Ministerio de Educación la suma de RD$155,581,084.15, con esto afirmamos nuestro compromiso de respeto a los derechos de los servidores públicos”.
De su lado la directora de Gestión Humana Dilia Stephany Ubiera explicó que para acceder a los beneficios el servidor público debe seguir estos pasos: al recibir el acto de desvinculación y certificación de ingreso y/o laboral por parte de las autoridades del MINERD solicita el cálculo de indemnizaciones y/o derechos adquiridos al Ministerio de Administración Pública.
A su vez la persona desvinculada solicita la certificación de cargo a la Contraloría General de la República y junto a la constancia de solicitud de cálculo emitida por el MAP requiere al Ministerio de Educación la certificación de vacaciones”. Dijo la directora de Gestión Humana.
Señaló que esa documentación se deposita en el Departamento Legal de la Dirección de Gestión Humana que, valida los documentos recibidos, confirma la fecha de ingreso, salario, fecha de salida y las vacaciones.
Tras agotar estos procesos el departamento legal de la Dirección de Gestión Humana contrasta dicha documentación con las certificaciones originales de los cálculos requeridos por los ex empleados emitidas por el MAP para enviarlo al departamento de nómina para que inicie las gestiones de pago.
Desde su llegada al Ministerio de Educación el pasado 16 de agosto Roberto Fulcar asumió el compromiso de realizar una gestión comprometida, diáfana, que valore y estimule a todo el equipo docente y administrativo en un ambiente de respeto a sus derechos y reconocimiento a sus capacidades.
