México despliega 4.000 militares por las instalaciones de la petrolera estatal para evitar el robo de combustible. El presupuesto aumenta un 18% y se levantará una nueva refinería
México.- La petrolera estatal mexicana, la mayor empresa del país y una de las más grandes de Latinoamérica, lleva en caída libre desde hace más de una década. El ritmo de producción actual ronda los 1,7 millones de barriles diarios, cuando en 2004 era de 3,3 millones de unidades. El desplome financiero ha ido paralelo a la carestía de crudo: en 2017 perdió 16.300 millones de dólares, un 74% más que en 2016, y la deuda financiera engordó hasta un total de 105.000 millones.
El objetivo del Gobierno es conseguir aumentar el bombeo de barriles hasta una horquilla de entre 2,4 y 2,6 millones diarios para 2024. El núcleo duro de la compañía, la división de Exploración y Producción, ha aumentado un 11% su presupuesto y la hoja de ruta es cavar 117 pozos nuevos con la palanca de los contratos con firmas privadas al amparo de la reforma energética. “No estoy exagerando. Es algo parecido a lo que tuvo que hacerse en 1938. Es un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos”, dijo López Obrador durante la presentación de su plan en alusión a la nacionalización del sector a manos de Lázaro Cárdenas, uno de sus faros ideológicos.
“Es una regresión absoluta –opina, Miriam Grunstein abogada experta en energía y profesora-investigadora del CIDE, sobre el plan de rescate–. El recorte de presupuestos que ha sufrido Pemex desde 2014 fruto de la caída del precio del petróleo fue equivalente al de otras petroleras. Algunas siguieron siendo rentables y otras tronaron. Pero como Pemex tiene la presunción de inocencia, no se le permite quebrar. Estamos volviendo a la fórmula de los 80 y 90. No sé por qué va a ser distinto esta vez y va a funcionar. Tenemos un clima de precios bajos, un atraso muy grande en la gestión de la parte de exploración y producción, una logística de almacenamiento y distribución muy deteriorada y una iniciativa privada que no ha podido entrar con eficiencia por los problemas de la burocracia y la inseguridad”.
Firme opositor desde el inicio a la liberalización del sector emprendida por Peña Nieto en 2014, una vez en el gobierno, López Obrador ha decidido conceder una tregua a las compañías que ya habían obtenido contratos: tres años para que entreguen sus primeros barriles de crudo. A la vez, la nueva Administración suspendió las subastas previstas para 2018 y aún no ha confirmado la puja del 14 de febrero de 2019.
El objetivo del Gobierno es aumentar el bombeo de barriles hasta los 2,5 millones diarios para 2024
El plan de López Obrador también contempla avanzar hacia la autosuficiencia en la producción de gasolina. La dependencia de la importación hoy en día es gigante: ronda el 80%, según datos del nuevo gobierno. Ha anunciado la construcción de una refinería en el Estado de Tabasco y la intervención de otras seis. “El negocio de la refinería tiene un margen de renta muy pequeño y si eres ineficiente ese margen se evapora. Es un modelo que suele ser parte de empresas internacionales integradas y que recuperan la inversión con la venta de combustible. Aquí, sin embargo, el camino es comprar crudo extranjero a precios internacionales, un procesamiento con un margen de rentabilidad bajo, y después venta subsidiada de gasolina. El negocio es muy limitado”, apunta Grunstein.
Otra medida para tratar de enderezar el rumbo ha sido el endurecimiento del control ante el robo de combustible. Un agujero de más de 3.000 millones de dólares solo el año pasado, según las cifras de la compañía. El Gobierno ha dispuesto un dispositivo de seguridad por 15 dependencias petroleras a cargo de Ejército, Marina y Policía federal. Además del conocido como “huachicoleo”, el pinchazo y extracción clandestina de tomas de combustible, López Obrador anunció que encontró una red organizada dentro de la propia compañía que se dedicaba al robo de gasolina.
De momento, van tres detenciones de funcionario públicos y un toque de atención al poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, vinculado al PRI desde los años más duros. El Gobierno le ha retirado alguna de las facultades de control sobre la seguridad de los ductos, debilitando al líder sindical durante más de 20 años, Carlos Romero Deschamps, uno de los mayores poderes fácticos dentro del gigante petrolero. elpais.com
