El acusado de matar de seis disparos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, se vio obligado a abandonar en el sótano de esa institución la yipeta negra, marca Toyota Rush G, del 2019, en la cual llegó para ejecutar el crimen.
En el expediente de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público explica que para huir de la institución, utilizó una escalera y aprovechó el alboroto que se produjo después de escucharse los disparos para salir a pie del edificio y luego tomar un motor.
En la revisión del vehículo, propiedad de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, alias Carandai, el imputado, las autoridades hallaron, además de una mini Uzi, dos pasaportes a su nombre, RD$180,000 y un reloj Cartier Roadster, cuyos precios rondan desde los 2,000 hasta los 20,000 euros.
Asimismo, se encontraron documentos relacionados “a la devolución del expediente a la empresa Aurum Gavia, S.N. emitido por el Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. El expediente No. dos (2) contentivo de documentos en idioma oficial inglés con acuse de recibo de fecha 26/07/2021 Viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Expediente No. tres (3) contentivo de solicitud de permiso de exportación Augum Gavia”.
Supuestamente, el móvil del asesinato del funcionario se debió a la negativa de aprobar esos permisos de exportación correspondientes a baterías usadas y es por ello que la empresa, de origen suizo, es objeto de investigación.
La mini Uzi es “tipo pist-amet” calibre 9 milímetros, encontrada con dos cargadores y 30 cápsulas. Los 180,000 pesos estaban en 90 billetes de 2,000. Los dos pasaportes, “uno No. SE1576412 y otro No.RD6850271 ambos a nombre a nombre de Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota.
Igualmente, en la parte trasera de la yipeta, junto a los documentos citados, estaba “el expediente No. 04 un folder color amarillo contentivo de una licencia oficial para la importación y comercialización de armas y municiones. Remisión de opinión legal No. DJOL-2-2021-00043, relacionado con la empresa DACD Metal y Recycling Export DSL, y Coy, CO, LTD, de fecha 08/11/2021. Remisión de Oposición Legal entre las empresas Dans Internacional SRL y DW Tech Corporation Inc. De fecha miércoles 11/08/2021”.
Los investigadores también se incautaron de una “licencia No. 0318125 de la Secretaría de las Fuerzas Armadas” a nombre del acusado del asesinato de Orlando Jorge Mera, agrega la solicitud de medida de coerción, la cual estaba pautada para conocerse este jueves a las 9:00 de la mañana.
Otros documentos son dos sellos gomígrafos, uno de la compañía Lincey Shire SRL (Redondo) y otro cuadrado a nombre de Carandai SRL.
La acusación dice que también se allanó la Armería Carandaí, propiedad del imputado ubicada en la avenida 27 de Febrero No.102, frente al Centro de Otorrinolaringología, D.N, “que prueba que en dicho allanamiento fueron ocupados dos escopetas calibre 12 mm, marcas Maverick, modelo 88”, también cartuchos, cargadores y documentos a nombre del verdugo.
Entre estos expedientes se incluye dos gafetes de indentificación con los números 406 expedido en fecha 23/05/1997 por la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y otro No. 000150, expedido en fecha 16/8/2004 por la Presidencia de la República.
RD prohíbe importación de armas
El alias Carandai de Cruz de la Mota, podría ser porque se dedicaba a la importación de ese tipo de pistolas y por su armería con el mismo nombre. Propietarios de esos negocios se han quejado de que más del 50 por ciento de sus empresas han dejado de existir por la prohibición de la importación de armas desde el 2006.
En el país solo las instituciones de seguridad pueden importar armas. Esta medida está contemplada en el decreto 309-06 emitido por el entonces presidente Leonel Fernández.
El arma que utilizó Cruz de la Mota para matar a Jorge Mera, según el Ministerio Publico, es una pistola marca Taurus calibre 380, serie No.KXL44043. En la acusación se le atribuye violar el artíuclo 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre delitos y crímenes con armas ilegales, por lo que podría enfrentar hasta 40 años de cárcel por el asesinato del funcionario.
