Santo Domingo, el 26 de abril del 2022 –El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) en colaboración con el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) realizaron el lanzamiento de un nuevo proyecto enfocado en el desarrollo de capacidades de individuos, organizaciones de la sociedad civil y proveedores de atención médica para mejorar el acceso a la prevención y atención del VIH. El proyecto va enfocado a dos poblaciones, las mujeres con discapacidad y los jóvenes.
La población de mujeres con discapacidad no es tomada en cuenta en la implementación de políticas públicas en varios sectores, incluyendo el de la salud, ni en la implementación de proyectos relacionados con los servicios de salud sexual y reproductiva. Eso se debe a que muchas veces, son consideradas sexualmente inactivas, una creencia equivocada que no está justificada y que las pone en peligro. Datos del Diagnóstico Participativo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres con Discapacidad realizado por el CIMUDIS indican que el 36% de las mujeres con discapacidad tuvo su primera hija o hijo entre los 16 y 20 años, siendo la edad promedio de 20 años, y un 7% de mujeres dio a luz por primera vez a los 16 años o menos[1].
Adicionalmente, según un estudio con datos del SIUBEN en el que se preguntó entre las personas con discapacidad si experimentaban alguna dificultad para recibir atenciones de salud, la mayoría respondió de manera afirmativa, con el 12.6% reportando que no puede hacerlo, el 20.7% que tiene mucha dificultad y el 22.3% que tiene alguna dificultad[2].
En cuanto al grupo de los jóvenes, la República Dominicana se encuentra entre los 5 países con mayor proporción de embarazos adolescentes en América Latina[3]. Según UNFPA, la tasa de nacimientos de adolescentes en República Dominicana (90) es casi el doble de la tasa global de 51 [4] y los datos de la ENHOGAR-2018 arrojan que el 19.1% de las adolescentes entre 15 y 19 años respondió haber estado embarazada alguna vez.
Además, según un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), 3 de cada 4 embarazos de adolescentes no fueron intencionales y una de cada diez adolescentes tiene una demanda insatisfecha de planificación familiar[5].
Estos datos demuestran que estas dos poblaciones manifiestan conductas sexuales de alto riesgo, como por ejemplo las relaciones sexuales sin protección y el inicio temprano de las relaciones sexuales para los jóvenes. La falta de acciones concretas para las mujeres con discapacidad y para los jóvenes para abordar estos factores a nivel nacional nos impide avanzar en los derechos humanos y lograr la equidad en la sociedad. Por lo tanto, para cerrar estas brechas, el COIN en alianza con el CIMUDIS propone este nuevo proyecto que aborda varios problemas tal y como la falta de conocimiento integral sobre el VIH/ITS, las conductas sexuales de riesgo, la violencia de género y la ineficacia del acceso universal a la salud de las poblaciones detalladas anteriormente.
El director ejecutivo del COIN, Santo Rosario, expresó que “En la República Dominicana, los esfuerzos en la lucha contra el SIDA están concentrados en poblaciones clave, es decir en población migrante, trabajadoras sexuales, personas viviendo con VIH, comunidad LGBTIQ+ y más, pero no se trabaja lo suficiente con jóvenes, ni con mujeres con discapacidad. A través de esta iniciativa cerraremos brechas e impactaremos de manera positiva los indicadores de prevención de VIH y de salud sexual y reproductiva en general para esas dos poblaciones”.
Para abordar estos problemas, el proyecto seguirá una estrategia de intervención de tres niveles: individual (beneficiarios), institucional (OSC, proveedores de atención médica) y político (tomadores de decisiones). Se utilizará una combinación de metodologías para lograr los objetivos del proyecto en los diferentes niveles de intervención:
a) El aumento de conocimientos y habilidades a través de la formación y sensibilización continua de los beneficiarios del proyecto durante todo el período de ejecución.
b) Innovación e incorporación de servicios adaptados para facilitar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad.
c) Incidencia política y representación de las poblaciones beneficiarias del proyecto en los mecanismos de toma de decisiones.
El proyecto propuesto se implementará en un período de tres años en cinco provincias de la República Dominicana: Azua, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, el Distrito Nacional y La Altagracia.
