Ricardo Fortuna
Abogado, fundador de Propuesta Ciudadana, coordinador general de Más Democracia.
“A falta de pan, casabe”. Esta frase usada por muchos dominicanos cuando algo no sale como les gustaría, parece explicar muchas cosas respecto a una extraña tendencia en el inicio temprano de la campaña proselitista, que tiene como eje un tema de alta responsabilidad y compromiso ciudadano.
Si bien es cierto que la gestión del presidente Luis Abinader pese a tener, sin duda el entorno geopolítico más complicado de las últimas décadas, ha sorteado con marcados éxito sus primeros dos años, impactados por el covid-19, inflación, conflicto bélico Ucrania/Rusia, igual es verdad que son situaciones que ningún gobernante de ningún partido quisiera enfrentar en su primera experiencia de gobierno.
Frente a tales adversidades, sería mezquino desconocer que, a pesar de ser una economía dependiente, según los organismos internacionales nuestro ritmo de crecimiento más que retrotraerse presenta proyecciones, un aumento sostenido de indicadores positivos en términos de la apropiada gestión económica de una nación.
En esa puesta en escena, el rol de la oposición política está limitado a los normales ataques producidos en períodos comunes de ejercicio democrático y los ya acostumbrados temas de campaña como altos precios, salud, y otras demandas sociales.
Pero a falta de pan, casabe. La seguridad ciudadana que como demanda social siempre encontrará eco y con justa razón, desde hace días es tema amplificado como nunca antes en los medios de comunicación: radio, televisión, diarios impresos y digitales y claro, en las redes sociales.
En esa labor mediática incesante, compromiso que una parte mayoritaria asume como un sacerdocio y que hoy resiste, cual refugio de tormentas, las más distintas formas de comunicación que trae consigo esta sociedad líquida, también están coladas las acentuadas distorsiones de informaciones que apuntan a objetivos específicos.
En el contexto descrito buscan espacios los válidos reclamos de una ciudadanía que por años ha cargado con la culpa de un Estado que de modo conveniente ha marginado las políticas públicas de seguridad ciudadana.
Una lástima leer diagnósticos de organismos internacionales y locales sobre la situación interna de la Policía Nacional, institución pública llamada a salvaguardar vidas y propiedades.
La más reciente de esas investigaciones, la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unidos) de 2021, arrojó hallazgos que daban grima, en lenguaje llano, en cuanto a la preparación de ese organismo para cumplir sus tareas:
Falta de personal calificado, de equipos informáticos y de individuales policiales, de portátiles de radio, de tecnología de vigilancia remota (cámaras de vigilancia), de centro de comando y control policial, y de vehículos. Además, el armamento no es suficiente para dotar los turnos de servicio.
La oposición en su totalidad, aún a sabiendas de todo esto, asume con mayúscula irresponsabilidad como objetivo político una de las áreas que hasta hace poco no podía exhibir ningún tipo de avance en la aplicación de políticas públicas.
Hoy, cuantiosos recursos son destinados a reconstruir en forma integral desde sus cimientos la Policía Nacional: tecnología, mejores salarios, mejores condiciones laborales, mejor movilidad, armas, formación moderna, en fin, todo lo que nos permita como sociedad recibir los niveles de seguridad ciudadana que merecemos.
La tasa de homicidios, indicador por excelencia para medir el impacto de las acciones persuasivas de un Estado en el combate a la criminalidad, estaba en nuestro país hasta hace unos años en un escalofriante 27 por ciento sobre 100,000 habitantes. Obvio, las políticas públicas en ese sentido no daban pie con bola.
Ahora, ese indicador nos refleja una disminución acentuada que lo sitúa en un 11.8 por cada 100.000 habitantes. Resalta que, de cada tres muertes, dos son por problemas de convivencia, que van desde diferencias por un parqueo, discusiones por accidentes de tránsito, hasta situaciones tan inexplicables como un asesinato por una deuda por 50 pesos o el famoso caso del puesto de hoto que fue noticia durante semanas en las redes y los medios tradicionales.
Claro está los hurtos, asaltos y otros delitos son siempre tarea pendiente, pero hay registros del aumento de casos diarios resueltos por el organismo. Basta hurgar en las publicaciones compartidas en las redes y notas de prensa.
Esto habla claro de que hay una carrera con poca ventaja, cada vez más estrecha entre la acción criminal y la respuesta del Estado, lo que evidencia que ciertamente la Policía recibe apoyo constante para apuntalar esa misión día a día.
El reto es disminuir a diario la distancia entre el delito y su consecuencia y que podamos incluso contar con el efectivo sistema de justicia que saque de las calles las reincidencias, que nos permita generar una percepción más objetiva de la población en el combate permanente de tales hechos, pues su eliminación como promesa de campaña política denota una mayúscula irresponsabilidad social.
