La “Operación Coral”, el caso más reciente de persecución contra la corrupción administrativa, ha llevado ante la justicia a seis personas, quienes según el Ministerio Público integran el entramado militar, policial, societario y religioso que actuó en perjuicio del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó medida de coerción en contra del exjefe de escolta del expresidente Danilo Medina, Adan Cáceres Silvestre; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; la asimilada de la Policía y pastora Rossy Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora y miembro de la Policía, Tanner Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
A estos seis la Pepca los acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Sin embargo, en el mismo expediente de 195 páginas donde el Ministerio Público desglosa el “modus operandi” del supuesto entramado, se mencionan otros nombres de personas que hasta el momento no han sido imputadas.
De acuerdo con la Pepca, la red criminal utilizó a militares y policías para hacer transacciones millonarias “sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
Precisamente, en el documento este diario identificó a un total de 15 personas pertenecientes a distintas instituciones del orden que según el MP “tuvieron una participación activa en las operaciones ilícitas”, entre ellas cinco generales de brigada, uno de los más altos rangos militares.
¿Quiénes son estas personas y de qué se les señala en la acusación?
1. Boanerges Reyes Batista
Boanerges Reyes Batista es un general de brigada que dirigió el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (Cesmet) en el segundo mandato presidencial de Danilo Medina, desde el 19 de agosto de 2016 hasta el 2020.
En la solicitud de medida de coerción la Pepca señala que en un documento depositado por la pastora Rossy Guzmán, llamado “Declaraciones y Descargos sobre Acuerdo de Ejecución de Obra”, se establece que el general es uno de los propietarios “reales” de los diez solares ubicados en el Residencial Colinas del Oeste, con un valor aproximado de RD$40 millones.
Junto a Reyes Batista también figuran el “cabecilla” del entramado, Adán Cáceres; así como los militares Elvis Marcelino Feliz Pérez y Franklin Antonio Mata Flores como los dueños de los terrenos.
Al ser interrogada por el órgano persecutor la pastora declaró que la empresa Único Real Estate e Inversiones adquiría los inmuebles de forma directa “para facilitar todos los trámites de permisos de edificación, subdivisión rendición y para lo que es la situación laboral del proyecto”.
“Pero existe un contrato verbal donde se establecen claramente que esos inmuebles son de Elvis Feliz Pérez, Franklin Mata Flores, Adán Cáceres, Boanerges Reyes Batista”, añadió Guzmán.
2. Elvis Marcelino Feliz Pérez
Mayor general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y exviceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales durante la segunda gestión del expresidente Medina.
Junto a Boanerges, Feliz Pérez es señalado por el MP como uno de los propietarios “reales” de los diez solares en Colinas del Oeste y captor de dinero procedente de la venta de inmuebles producto de “actividades ilícitas”.
Dentro de las pruebas documentales, la Pepca resalta un Acto Notarial sobre Declaraciones y Descargo Sobre Acuerdo de Ejecución de Obra con la que “demostrarán que los imputados intentaron dar apariencia de legalidad al traspaso de los inmuebles ubicados en el proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste”.
3. Juan Carlos Torres Robiou
Se trata del General de Brigada y director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), entidad señalada por la Pepca como una de las instituciones usadas para estafar al Estado a través del nombramiento de militares y policías con sueldos abultados, que luego debían retribuirle al entramado entre el 70% y 80%.
El documento señala que Robiou le alquiló un inmueble ubicado en El Portillo, playa Las Terrenas, en Samaná al imputado Raúl Alejandro Girón, por el que paga mensualmente US$3,000. Esta situación le pareció “en extremo sospechosa” al Ministerio Público.
“El referido inmueble se encuentra bajo la posesión del General de Brigada, Piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torre Robiou, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y superior jerárquico del imputado Raúl Alejandro Girón, a título de alquiler, pagando un monto mensual de tres mil dólares estadounidenses (US$3,000.00), situación en extremo sospechosa, toda vez que no hace sentido lógico, alquilar un inmueble por un monto cuantioso y usarlo esporádicamente”, se lee en el expediente.
El general respondió y como un “acto de civilidad, humildad y honor” puso a disposición del mandatario Luis Abinader su cargo al frente del Cestur “con el propósito de que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación que tiene en curso”.
Robiou señaló que aunque no se trata de una investigación en su contra, “es de conocimiento público que aborda algunos servidores de esta institución”.
4. Eric Daniel Pereyra Núñez
Eric Daniel Pereyra Núñez, sobrino del imputado Núñez de Aza, es un cabo de la Policía Nacional adscrito al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), donde hasta hace un año Adán Cáceres era la autoridad suprema.
La Pepca lo señala como una persona que “colaboraba constantemente en la movilización de fondos para la orden del teniente coronel Núñez de Aza”.
“Pues este (Pereyra Núñez) se acostumbraba a librar cheques a su nombre y entregar dinero en efectivo que posteriormente era depositado en las cuentas de las empresas y personas físicas del entramado Asociación Campesina Madre Tierra, Único Real State e Inversiones SRL”, se lee en el documento.
De acuerdo con el órgano persecutor, se verifican depósitos por montos de RD$ 3,782.000.00 realizados por Pereyra Núñez a las empresas. Además de ser empleado de la empresa Randa Internacional Company EIRL, este servía al Cusep donde su tío era administrador financiero.
Otro aspecto que figura en el documento es una autorización de orden judicial de arresto en contra de Pereyra Núñez en fecha 15 de abril de 2021, sin embargo, no ocurrió tal cosa.
“Autorización de Orden Judicial de Arresto No. 00163-Abril-2021, emitida por la Magistrada Kenya S. Romero Severino, Jueza Coordinadora Interina de los Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en fecha quince (15) de abril del 2021. Con la que demostraremos la legalidad del arresto del Imputado Eric Daniel Pereyra Núñez”, se lee.
5. Luis Alberto Coronado Abreu
Se trata de un General de Brigada del Ejército Nacional identificado por la Pepca como una de las personas que realizaron transacciones en efectivo a favor de la empresa Único Real State E inversiones.
Su depósito fue el octavo de los diez investigados y la suma ascendía a los nueve millones de pesos.
“Otra de las irregularidades de la entidad comercial Único Real State e Inversiones SRL es la relativa al aspecto financiero, pues desde su creación y apertura ha manejado la suma de ciento veinte y dos DOP$122,707,674.89, dinero que ha entrado a la referida cuenta, mediante múltiples transacciones en efectivo de montos súper elevados y realizadas en su mayoría por militares adscritos en ese momento al Cuerpo Especializado de Seguridad
Turística (CESTUR) y al Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP)”, detalla la Pepca.
6. Feliz Alburquerque Comprés
Vicealmirante y exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), fue puesto en retiro de las filas militares el pasado diciembre por el presidente Abinader.
De acuerdo con la Pepca, Comprés formaba parte de la coalición de funcionarios encabezada por Cáceres en virtud de que la investigación reveló que en los sistemas de la DNCD “no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra”.
Esta asociación, disfrazada organización sin fines de lucro, es señalada por el órgano persecutor como uno de los “centros de colocación de cientos de millones de pesos” como resultado de operaciones ilícitas.
Sin estar inscrita como suplidora del Estado dominicano, la empresa tenía pagos de varias instituciones castrenses por concepto de “compra de huevos”.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Benoni Cáceres Silvestre y el vicealmirante Feliz Alburquerque Comprés (…) para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra”, señala el documento de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público.
7. Vicente Girón Jiménez, primer teniente de la Fuerza Aérea Dominicana.
8. Cristian Serrano, enlistado en la Policía Nacional y señalado por el Ministerio Público como empleado de Randa Internacional Company EIRL.
9. Jehohanan Lucia Rodríguez Jiménez, miembro de la Policía Nacional. Prestaba servicios en el antiguo Politur, ahora Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) como encargado de departamento.
10. José Manuel Rosario Pirón, agente de la Policía Nacional.
11. Franklin Antonio Mata Flores, militar en la Marina de Guerra Dominicana. En el 2016 fue Director general de dragas, presas y balizamiento de la Armada de República Dominicana (ARD).
12. Epifanio Peña Lebrón, General de Brigada del Ejército Dominicano, actualmente pensionado.
13. Andrés Alcántara Lebrón, coronel contador de la Fuerza Aérea Dominicana. Auditor General de las Fuerzas Armadas.
14. Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, miembro de la Armada de República Dominicana (ARD). (Se entregó a las autoridades la mañana de este martes para ser investigado sobr el caso).
15. Jaro Ramiro Hernández Restituyo, miembro de la Policía Nacional.
