En una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, quienes deciden interrumpir sus embarazos pueden pagar con cárcel o con sus propias vidas
Este miércoles, América Latina despierta inspirada por una nueva ola verde. Esta vez sí, el Senado argentino ha aprobado un proyecto que permite el acceso libre y legal al aborto hasta la semana 14 de gestación, dos años después de rechazar una propuesta similar. El cambio ha sido posible tras meses de discusión pública, impulsada por las jóvenes, que hicieron que el aborto dejase de ser un tabú y avanzase la despenalización social, haciendo que algunos legisladores cambiaran de opinión. Con esta votación, se suma al puñado de países latinoamericanos que garantizan el derecho de las mujeres a decidir cuándo y cómo ser madres, algo hasta ahora reservado a las que viven en Cuba, Uruguay, Guyana y la Guayana Francesa, el Estado mexicano de Oaxaca y la Ciudad de México.
Los colectivos feministas ven hoy un poco más cerca que la interrupción segura del embarazo deje de ser un privilegio reservado a quienes tienen recursos, pero el caso argentino no deja de ser un oasis en el acceso al aborto en América Latina. En una región con cinco países que lo prohíben sin excepciones (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití), el debate tiene otras caras como las de las decenas de salvadoreñas condenadas hasta a 30 años de prisión por pérdidas gestacionales o las hondureñas que atienden de manera clandestina una línea telefónica que ayuda a mujeres a acabar con sus embarazos de manera segura, aún a riesgo ser encarceladas. También son historias como la de ‘Esperancita’, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 en República Dominicana tras ser diagnosticada con leucemia al inicio de un embarazo y a la que retrasaron la quimioterapia para no afectar al feto. Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la joven a la que negaron el aborto terapéutico.
“Argentina es una esperanza para toda América Latina”, dice desde El Salvador la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Morena Herrera, quien ha seguido el debate en el Senado argentino durante toda la noche conectada a través de WhatsApp con activistas de otros países de la región. “Es un proceso que mueve las posibilidades en América Latina. Pienso que es muy importante por los argumentos, por la fundamentación, porque en Argentina se ha mostrado que toda la problemática de la clandestinidad e ilegalidad del aborto es un problema de salud que debe ser tratado como tal y que provoca mayores desigualdades porque afecta mucho más a las mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, que son la mayoría en nuestros países”.
Según la Organización Mundial de la Salud, sólo uno de cada cuatro abortos que se realizan en América Latina se hace de manera segura y cada vez es más común que las mujeres interrumpan sus embarazos recurriendo a métodos clandestinos o a medicinas como el misopostrol (tradicionalmente usado para tratar úlceras gástricas), adquiridas fuera de los sistemas formales de salud. Además, el Instituto Guttmacher, una organización no gubernamental, estimaba que, hasta 2017, más del 97% de las mujeres de la región en edad reproductiva vivían en países con leyes de restrictivas, lo que no impidió que registraran unos 6.5 millones de abortos anuales entre 2010 y 2014.
Por eso, la activista salvadoreña espera que los debates escuchados en Argentina se puedan retomar en países como el suyo donde, dice, no solo se penaliza el aborto, sino que se persigue a las mujeres que tienen pérdidas de embarazos involuntarias y particularmente a las que viven en situaciones de pobreza. “Estoy esperanzada en que abra la posibilidad de reflexionar más allá de sí quiero o no quiero el aborto. Es una problemática más profunda”, apunta.
Además de poder acabar en prisión, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en los países donde está completamente prohibido muchas veces ponen en riesgo su salud, una tendencia que ha identificado la ginecóloga dominicana y defensora de los derechos de las mujeres Lilliam Foundeur. “En República Dominicana, como en todos los países del mundo, la mujeres que quieren interrumpir su embarazo lo interrumpen, aún poniendo en riesgo su vida”, explica. Y lamenta que, pese a que en su país llevan más de 25 años promoviendo la legalización del aborto en las tres causales básicas (riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto, o que el embarazo sea fruto de una violación o incesto) el Congreso no lo haya aprobado todavía algo que repercute en que el país tenga unas tasas de mortalidad materna “inaceptables”.
Entre los países que han legalizado el aborto y los más restrictivos hay una amplia gama de causales por las que se permite o impide a las mujeres decidir sobre sus cuerpos. Por ejemplo, Bolivia y Colombia contemplan el aborto si no está asegurada la viabilidad del feto, en casos de violación, incesto, o si existe amenaza para la vida, la salud física o mental de la mujer. En otros países, como Chile, donde el aborto se despenalizó solo hace tres años, esa posibilidad se les da a las mujeres cuya vida esté en riesgo o que demuestren la inviabilidad del feto, mientras que en Guatemala y Paraguay, la mujer solo puede abortar si se demuestra que su vida corre peligro. Eso casi equivale a una prohibición de facto que adquiere un cariz si cabe más restrictivo en Venezuela, donde solo se permite en casos de riesgo de fallecimiento de “la parturienta”.
Venezuela: anticonceptivos como “ayuda humanitaria”
La ley venezolana permite el aborto sólo en caso de riesgo de muerte de “la parturienta”, pero no hay una norma ni un protocolo de actuación para la interrupción del embarazo. Sin embargo, la definición de parturienta —y no de mujer— lo ubica en ese momento de dar a luz. El Código Penal venezolano tiene consideraciones mucho más arcaicas y establece reducciones a las penas (de seis meses a dos años de prisión para las mujeres que abortan y de uno a tres años a quienes lo ejecutan) “en caso de que el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”. Eso se conoce como aborto honoris causa en la jerga legal.
Frente a la GAN. Caracas.
— Melanie Agrinzones🌺 (@Miaulanie_) December 29, 2020
Nohelia de @Uquira_ 💚✊🏻#EstamosConLasPibas pic.twitter.com/J6xofLIFU1
“Estamos muy atrás en esto de la autonomía reproductiva de las mujeres”, dice Magdymar León, psicóloga clínica y activista de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). “Está penalizado el aborto, no tenemos educación integral, el acceso a los métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar ha disminuido muchísimo en medio de la crisis humanitaria y cuando hay estas restricciones se generan más embarazos no deseados y más abortos inseguros”. Como si fuera un país en guerra, Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja y dentro del plan de respuesta que desarrolla las Naciones Unidas, en el país se han repartido métodos anticonceptivos, que en el tiempo de más escasez entre 2017 y 2018 solo se conseguían en el mercado negro, y ahora son impagables en las farmacias. Hace unos meses, en el estado Táchira se congregaron decenas de mujeres, aún con las restricciones de la pandemia, para recibir implantes hormonales para evitar embarazos como parte de la ayuda humanitaria. “Se han hecho esfuerzos, pero no es suficiente. Llegan hasta donde llegan, como la comida, como las medicinas, como la gasolina”, dice León.
Un embarazo no deseado ni planificado condena a las mujeres de Venezuela —donde el 96% de la población vive en pobreza— a hundirse aún más en la precariedad. Pese a ello, en marzo de este año, Nicolás Maduro las invitaba “a parir seis hijos”, como dijo en una alocución televisiva el líder chavista. León señala que aunque no hay estadísticas, existe la percepción de que han aumentado los abortos con métodos inseguros, al igual que el abandono de niños en la calle o que son entregados en refugios. “La mujer inicia el procedimiento en casa de forma insegura, con hierbas o introduciendo en sus vaginas un objeto, como los ganchos, y van al centro de salud para ser atendidas”. Luego, todos los abortos figuran como espontáneos.
Ahora, el debate en Argentina también da esperanzas a las activistas venezolanas. Para León, legalizarlo en su país permitiría establecer un marco general no solo para el derecho de las mujeres, sino para la educación y el acceso a mejor planificación e información, lo que ayudaría a prevenir embarazos no deseados, si se les da los recursos necesarios.
Las religiones, un lastre para los avances
En Brasil, donde abortar es solo legal en tres supuestos, (violación, embarazo de riesgo para la mujer o malformaciones cerebrales del feto), la mujer que quiere poner fin a un embarazo no tiene un camino fácil por delante ni aunque cumpla con las causales previstas por la ley. Eso se debe a que hay una presión permanente de influyentes grupos conservadores, la mayoría religiosos, para complicar el acceso a ese derecho. La presión y las dificultades se dan de varias maneras, entre ellas las artimañas surgidas desde el propio Congreso que, de vez en cuando intenta impulsar nuevas restricciones a las reglas.
Otra traba crónica son los profesionales de salud que recurren a la objeción de conciencia para negarse a atender a las mujeres en esos casos. Solo la mitad de los Estados brasileños tienen clínicas especializadas en ese procedimiento, una situación que ha empeorado con la pandemia. Con la llegada del ultraconservador Jair Bolsonaro al poder, en 2019, también se sumaron nuevas restricciones a través de normas, como una del Ministerio de Salud que obliga al profesional que atienda un caso de violación a comunicárselo a la policía, un paso adicional que no está previsto en la ley. En septiembre, el caso de una niña de 10 años, que quedó embarazada tras ser abusada por un tío y que quiso poner fin a su embarazo, conmovió a Brasil. Perseguida por grupos religiosos de su pequeña ciudad, con apoyo de los ultraconservadores del Gobierno y sus seguidores, la menor fue obligada a viajar casi 1.500 kilómetros para poderse abortar en otro Estado.
En otros países, como República Dominicana o El Salvador, las activistas también achacan al poder de los grupos conservadores y religiosos a que no se hayan podido cambiar las leyes y el Código Penal para permitir el aborto en algunas excepciones, como cuando la vida de la madre está en peligro u otras circunstancias extremas. “Nosotros en teoría tenemos un Estado laico, pero eso es solo teoría. El poder de la iglesia y el conservadurismo van en la misma línea de restringir los derechos de las mujeres”, apunta la ginecóloga dominicana Lilliam Foundeur. Y aunque ella cree que el caso argentino puede ayudar a generar un precedente, opina que, en el caso de su país, el cambio deberá ser promovido por la propia sociedad.
“La población que tiene acceso a esa información que viene de Argentina, que para nosotros está lejos, va viendo un poco de luz sobre todo para las nuevas generaciones”, apunta Foundeur. “Pero yo creo que el cambio tiene que venir de abajo, que la población tiene que presionar a los gobernantes para que cambien. Un grupo privilegiado, como somos las defensoras de los derechos de la mujer, desde arriba, no vamos a hacer los cambios. Para eso es importante que llegue la información más allá del titular a través de las redes sociales”.
CHILE, EL ÚLTIMO EN SALIR DE LA LISTA DE LOS MÁS RESTRICTIVOS
En Chile, desde los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet en 1989 hasta septiembre de 2017, el aborto estuvo totalmente prohibido. En esas casi tres décadas, el país tuvo el récord de las legislaciones de mayor dureza en el mundo sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Hace tres años, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, se promulgó la ley de interrupción del embarazo en tres causales: peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Desde entonces, se han llevado a cabo 1.524 procedimientos, de acuerdo a las cifras actualizadas hasta junio pasado. Es un número bastante inferior a lo que se proyectaba. Los expertos estimaban unas 70.000 interrupciones del embarazo clandestinas anualmente, algo que, en parte se explica por las barreras de acceso y porque esas causales humanitarias dejan fuera a muchas mujeres. “Hasta junio de 2020, hubo una disminución de al menos un 20% respecto al mismo período de 2019. Podría explicarse por la pandemia, cuando a lo menos un 25% no pudo acceder a prestaciones sobre interrupción voluntaria del embarazo, según muestra nuestra encuesta sobre el período”, explica Javiera Canales, coordinadora del área legal de Corporación Miles, que capacita a profesionales y judicializa casos de chilenas que han visto negado el acceso a los abortos. La abogada indica que en Chile existen en teoría 69 unidades de alto riesgo obstétrico donde se pueden realizar abortos, de las que 67 están habilitadas. En algunas de ellas, denuncia, rigen protocolos que suman requisitos diferentes a la ley para interrumpir los embarazos, con total discrecionalidad. Aunque la cifra de médicos del sistema público que declaran objeción de conciencia para practicar abortos por la causal de violación ha disminuido a un 46%, el porcentaje sigue siendo muy alto.
LORENA ARROYO|FLÁVIA MARREIRO|FLORANTONIA SINGER|ROCÍO MONTES
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