Investigación sobre supuestos pagos de Odebrecht a empresas vinculadas a exmandatario peruano
Orden de arraigo para exmandatario peruano por supuestos pagos de Odebrecht
Contexto
Tras la aceptación de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por el Congreso, un juez del sistema anticorrupción ha dictado una orden de arraigo por 18 meses para el exmandatario. Esta medida busca evitar que Kuczynski salga del país mientras se lleva a cabo la investigación sobre los presuntos pagos realizados por la constructora Odebrecht a empresas vinculadas a él y a su socio Gerardo Sepúlveda durante su etapa como ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo.
Argumentos legales
En una audiencia dirigida por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, el fiscal Hamilton Castro, líder del equipo de tarea Lava Jato, respaldó la solicitud de impedimento de salida. Castro mencionó la importancia de evitar que los exmandatarios abandonen el país y no respondan a las acusaciones en su contra. Se presentaron pruebas de posibles delitos de lavado de activos, incluyendo transferencias de Odebrecht Latinvest a empresas asociadas a Kuczynski entre 2007 y 2015.
Respuesta del exmandatario
Pedro Pablo Kuczynski manifestó su disposición para colaborar con las investigaciones y limpiar su nombre. Su abogado, Cesar Nakazaki, aceptó el pedido de arraigo pero solicitó celeridad en el proceso debido a un allanamiento en la residencia del exmandatario. La Fiscalía informó sobre diligencias de allanamiento en dos propiedades de Kuczynski por presunto lavado de activos.
Transferencia de propiedad y justificaciones
Se reveló que Kuczynski transfirió la propiedad de su casa campestre a una empresa vinculada a su hija para reducir impuestos en Estados Unidos. Esta acción ha generado controversia y forma parte de las investigaciones en curso. El abogado Nakazaki se trasladó a las propiedades del exmandatario para coordinar su defensa.
En medio de estas acciones legales, la situación del exmandatario peruano se vuelve cada vez más compleja. La investigación sobre los presuntos pagos de Odebrecht y las diligencias de allanamiento en sus propiedades marcan un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Perú.
