Santiago, República Dominicana. – La Fiscalía de Santiago, en coordinación con técnicos de la Junta Central Electoral (JCE), presentó formalmente un escrito de acusación contra 13 imputados, señalados como miembros de una red delictiva descubierta mediante la Operación Colibrí. Esta estructura criminal se dedicaba a la falsificación masiva de documentos públicos y privados, poniendo en peligro la seguridad jurídica del país.
Detalles de la acusación
El Ministerio Público presentó un extenso documento de más de 600 páginas, en el que se detalla el funcionamiento de la red, integrada por individuos con roles específicos para falsificar documentos como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnets de diversas instituciones, permisos de porte de armas, títulos de propiedad y actas del Registro Civil.
Entre los acusados figuran:
- Julio César Almonte Espinal (César)
- William Ramón Rodríguez Rodríguez
- Samuel Elías Ceballos Ramos
- Ana Delia Ysidra Tavárez Soto
- Luis Manuel Rodríguez Rodríguez
- Arsenio Rafael Reyes
- Tomás Enmanuel Rojas Guzmán
- Noel de Jesús Padilla Minaya
- Fausto Merán (Capital)
- José Rosario Marte (Cheo)
- Yanuel Morales Rodríguez (Google)
- José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy)
- José Carlos Montero Troncoso
En particular, José Carlos Montero Troncoso, exempleado de la JCE, enfrenta cargos adicionales relacionados con el acceso fraudulento a bases de datos protegidas y alteración de documentos oficiales.
Pruebas contundentes
La Fiscalía y los equipos encubiertos de la JCE reunieron más de 800 elementos de prueba, incluyendo materiales plásticos incautados en allanamientos judiciales que eran utilizados para fabricar documentos con características de seguridad similares a los originales.
Las investigaciones revelaron que los imputados incluso manipulaban actas originales, borrando su contenido pero preservando el papel de seguridad para reimprimir información falsa, generando documentos que imitaban los originales en forma y apariencia.
Base legal de la acusación
El Ministerio Público acusa a los implicados de violar múltiples disposiciones legales, incluyendo:
- Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano: Asociación de malhechores.
- Artículos 145, 147 y 150 del Código Penal Dominicano: Falsificación de documentos públicos y privados.
- Artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral.
- Artículos 6, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: Falsedad y acceso fraudulento a bases de datos.
- Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Impacto de la Operación Colibrí
La Operación Colibrí pone en evidencia la sofisticación y peligrosidad de esta red delictiva, que operaba en torno a la Junta Municipal de Santiago, y representa un paso significativo en los esfuerzos del Ministerio Público por garantizar la seguridad jurídica y combatir los delitos de alta tecnología en el país.
El caso continúa bajo proceso judicial, con el objetivo de llevar a los imputados ante la justicia y desmantelar por completo esta organización criminal.
