Santiago.- El uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana es una tendencia cada vez mayor que se ha convertido, en cierta forma, en la punta de lanza del populismo penal, pero que en otras ocasiones, también ocurre por la falta de una exhaustiva investigación de los hechos y una revisión oportuna de los casos judicializados.
La afirmación es de los juristas José Miguel Minier, expresidente del Colegio de Abogados de Santiago y Mario Matías, exfiscal titular de este distrito judicial de esta ciudad, a propósito de la relevancia que ha tomado el tema en el país luego de haber sido objeto de duras críticas por el congresista Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos.
A través de una carta dirigida al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, el legislador estadounidense expresó su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva en el país, especialmente en contra de ciudadanos y residentes estadounidenses.
McCaul solicitó al Departamento de Estado proporcionar un recuento preciso de cuántos de sus ciudadanos y residentes permanentes están actualmente encarcelados bajo esta figura en la República Dominicana.
De acuerdo con el abogado José Miguel Minier, la prisión preventiva es un mal innecesario muy arraigado en el funcionamiento de la mayoría de los sistemas judiciales en Latinoamérica y que, en el caso dominicano, presenta una serie de rasgos inherentes, en su mayoría, al funcionamiento, no siempre regular, de los actores e instituciones que integran el sistema penal del país.
Dijo que la República Dominicana posee el dudoso honor de estar entre los primeros lugares de todas las estadísticas regionales, e incluso globales, sobre prisión preventiva.
Según datos incluidos en los diferentes rankings del World Prison Brief (WPB), Minier dijo que la República Dominicana se sitúa, en materia de ocupación carcelaria con relación al espacio disponible, en el tercer lugar de los países del área del Caribe; el séptimo lugar de todo el continente americano y el lugar 26 en todo el mundo, que comprende un listado de 206 naciones.
Minier sostiene que al igual como ocurre en otros sistemas penitenciarios de la región, el excesivo número de presos preventivos con que cuenta la República Dominicana es, sin duda, un factor que contribuye al hacinamiento de las cárceles del país. Afirmó que un centro penitenciario por encima de su capacidad es un escenario donde se conjugan la violación de numerosos derechos fundamentales, que van desde el derecho a la dignidad, a la salud, al debido proceso, entre otros.
Por su lado, el exfiscal Mario Matías, dijo que el Código Procesal Penal es claro en cuanto a la solicitud y tiempo que debe permanecer una persona en prisión preventiva. Explicó que este mismo código establece cuándo se debe hacer una revisión y aplicación del procedimiento, tanto por el Ministerio Público, los jueces y los abogados.
“En materia penal se debe ser investigador y saber de investigación para determinar las evidencias y gravedad de los hechos. Eso no es por lo que diga un papel o una querella. Primero se debe ser investigador e ir al lugar de los hechos para determinar cómo ocurrieron”, apuntó.
Con relación a la opinión del congresista estadounidense, Matías considera que la legislación de cada país tiene su aplicación en materia de derecho y que en ocasiones la prisión preventiva resulta más que necesaria. Señaló que para privar de la libertad a un ciudadano se toma en cuenta, entre otras razones, el tipo penal, el arraigo y la reincidencia.
El abogado Mario Matías no cree que por el hecho de que en el país haya muchos presos preventivos constituya una irregularidad en el proceso, al indicar que para conocer más a fondo de ese tema se debe estar en el país y conocer las leyes vigentes y su aplicación. Empero, dijo que pese a ello, es importante la investigación y la revisión de los casos en la justicia para determinar si es necesaria o no la prisión preventiva y el tiempo que se ha de cumplir.
José Alfredo Espinal
