La jueza Shelley Joseph Richmond de la corte criminal en Newton (Massachusetts), acusada de proteger al dominicano José Medina en 2018 a quien sacó del tribunal para que no fuera apresado por agentes migratorios y enfrenta un juicio federal está alegando que ella es víctima de “sesgo político” en una conspiración que data desde el Gobierno de Donald Trump.
Es imputada por los federales de conspiración y obstrucción de la justicia para encubrir y proteger a un inmigrante ilegal y narcotraficante, impidiendo en la corte que fuera arrestado por agentes de la Policía de Inmigración y Protección Fronteriza (ICE) para no ser deportado.
El incidente se produjo en julio 2020 cuando Medina fue llevado al tribunal donde enfrentaba cargos de entrada y estadía ilegal en Estados Unidos y tráfico de drogas.
La jueza, según la acusación, se enteró de que ICE estaba a la espera de que Medina saliera de la corte para detenerlo con una orden, pero ella ordenó a un oficial de seguridad, Wesley MacGregor, que sacara al dominicano del tribunal por una de las puertas traseras.
MacGregor también está acusado de cargos similares a los de la jueza.
A pesar de la movilización de los republicanos y una amplia campaña de descrédito para que la jueza fuera cancelada, ella sigue recibiendo su sueldo de $184,000 dólares al año (15,333 a la semana) aunque está suspendida de subir al estrado.
La magistrada también está pidiendo que se le otorgue su pensión y ha tratado de contactar al ex presidente Donald Trump y al ex fiscal federal de Massachusetts, Andrew Lelling como los artífices del alegado sesgo político para afectarla, exigiendo que se le entreguen las comunicaciones entre el Gobierno de Trump, el fiscal de Massachusetts y ICE.
La jueza, según publicaron medios de Nueva Inglaterra el fin de semana también disfrutará de un aumento del 12% en su sueldo actual.
El fiscal Lelling, un cuadro republicano de primera línea enfrentó radicalmente a la jueza y la procesó judicialmente.
Una apelación de los abogados de la magistrada no prosperó en la corte federal de Boston donde un juez dijo que esa instancia no puede decidir sobre casos no finiquitados y devolvió el expediente al tribunal del Gobierno.
Como parte de la controversia los republicanos cuestionan que el presidente Joe Biden nombrara al fiscal Zachary Cunha de Rhode Island diciendo que no tiene jurisdicción en Massachusetts, aunque el nivel federal aplica para todos los estados de Estados Unidos.
Pero el funcionario se opone a los argumentos de la jueza sobre el sesgo político.
“La alegación de la jueza Joseph de que las comunicaciones solicitadas mostrarán un sesgo político está fuera de lugar”, escribió el fiscal Cunha.
Ese fiscal sustituye al frente del caso a su anterior colega Rachael Rollins, fiscal federal de Massachusetts, que fue recusada por los defensores de la jueza Joseph.
Los republicanos sostienen que el fiscal Cunha no tiene vínculos con la jurisprudencia estatal de Massachusetts, pero está luchando para evitar que Joseph obtenga comunicación entre la administración Trump y el ex fiscal Lelling, quien estaba a cargo en Massachusetts en el momento de la acusación a la jueza.
“La acusada Shelley Joseph se ha movido para obligar al Gobierno a presentar evidencia de sesgo institucional en ICE contra quienes se oponen a las políticas de inmigración de esa agencia para hacer cumplir la ley de inmigración”, añade el fiscal Cunha.
“Ni siquiera ella ha tratado de explicar cómo la evidencia de un supuesto sesgo político por parte de algunos funcionarios de ICE podría afectar la credibilidad del testimonio de un testigo. El Tribunal debería rechazar la solicitud de Joseph”, reclama el fiscal de Rhode Island.
El dominicano había sido deportado dos veces antes y no podía reingresar a Estados Unidos hasta 2027. La corte de apelaciones agregó que Medina al que identifica como AS, estaba a punto de ser detenido por inmigración cuando Joseph instruyó a su oficial de la corte para que le dijera al agente de ICE que se fuera del tribunal.
“El secretario hizo lo que se le indicó y también le dijo al oficial de ICE que, si lo liberaban, AS saldría de la sala del tribunal al vestíbulo del tribunal”, añade el expediente.
Aunque ICE detuvo posteriormente a Medina, el caso contra la jueza Joseph sigue abierto.
La jueza y MacGregor también están acusados de conspiración para obstruir la justicia, obstrucción de la justicia y ayuda e instigación y perjurio.
Los jueces de apelación dictaminaron que la jueza no puede eludir un juicio y que su argumento de que tiene inmunidad judicial absoluta no se aplica todavía en su caso.
“Debemos rechazar la solicitud de los acusados de una revisión previa al juicio de la denegación de sus mociones de desestimación porque sus apelaciones son prematuras”, escribieron los jueces en el fallo.
Por Miguel Cruz Tejada
