Decisión del juez de mantener en la jurisdicción privilegiada a los imputados del caso Odebrecht
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Confirmación de la decisión y próximos pasos
El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, ha confirmado su decisión de mantener en la jurisdicción privilegiada a todos los imputados del caso Odebrecht. Tras debatir la acusación y otros incidentes planteados por los abogados, se ha fijado el 23 de enero como la fecha para la continuación de la audiencia.
El Ministerio Público tendrá cinco días a partir de esa fecha para presentar la acusación por los US$92 millones pagados en sobornos por Odebrecht, mientras que los imputados dispondrán del mismo tiempo para preparar su defensa.
Argumentos del juez y alegatos de la defensa
Ortega Polanco ha defendido su decisión, asegurando que su sentencia está debidamente fundamentada. Ha explicado que la obligación de los jueces de motivar sus decisiones implica la necesidad de subsumir los hechos en el derecho de manera clara y precisa, sin incurrir en verbalismos excesivos.
En respuesta a los argumentos de la defensa de Andrés Bautista sobre la jurisprudencia utilizada, el magistrado ha aclarado que el derecho general puede complementar el razonamiento jurídico sin constituir una novedad. Ha destacado la separación entre la jurisdicción política y la ordinaria en el caso del senador Tommy Galán.
Base jurídica y argumentos
El juez ha fundamentado su decisión de mantener en la jurisdicción privilegiada a los imputados en la jurisprudencia nacional. Ha señalado la falta de evidencias de casos donde se hayan realizado juicios separados para funcionarios con privilegio de jurisdicción y coimputados por el mismo ilícito.
Para determinar la conexidad de los delitos imputados a los diferentes acusados, el magistrado ha explicado la necesidad de un mayor conocimiento y discusión de los argumentos del Ministerio Público, lo cual está limitado en esta fase del proceso.
En cuanto a la audiencia preliminar, se ha ratificado la decisión de acumular los incidentes y excepciones relacionados con la inadmisibilidad de la investigación, nulidad de la investigación y prescripción de la acción penal, por considerar que están estrechamente relacionados con la acusación.
