La denuncia de Jochy Gómez sobre una supuesta importación de vacunas en la que afirma participaron dos funcionarios del Ministerio de Salud es una manipulación para presionar a las autoridades de la institución aprovechando el ambiente de inquietud existente sobre el tema vacunas COVID19.
Es cierta que se importaron vacunas, pero se trata de 830 mil dosis para combatir la rubeola. Traídas desde la India. La información se confirmó en fuentes de la Dirección General de Aduanas.
Esta entidad entregó copias sacadas de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Aduanera, que archiva los manifiestos, que es el documento con el que se registra y da entrada al país a todos los bienes importados.
En el manifiesto de Aduanas se registra la importación de 830 mil dosis de vacuna contra la rubeola que llegaron en un vuelo por el aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez (también conocido como Aeropuerto de Las Américas).
El avión que las trajo aterrizo el pasado dos de febrero y el cargamento fue retirado en vehículos de carga por el equipo de Salud Pública que existe para esos fines, no por los funcionarios señalados por Gómez en su declaración calumniosa. El peso neto de las cajas con el mediamente es de 2,815 kilogramos que son 6,207 libras, más de 3 toneladas o 60 quintales.
En el Ministerio de Salud Pública se confirmó la llegada de las vacunas y que se encuentran depositadas en los almacenes del Programa Ampliado de Inmunización.
Explicó que es una vacuna que combina rubeola y sarampión y se aplica cada 4 años para garantizar la erradicación de ambas enfermedades, y esta jornada debió hacerse el año pasado, pero no se hizo.
Ministerio de Salud, que adquiere las vacunas a través de un programa de la Organización Panamericana de la Salud creado para esos fines y que usan la mayor parte de los países de la región.
La rubeola es una infección viral contagiosa conocida popularmente por “sarpullido rojo.
El señor Gómez está vinculado a empresas suplidoras de insumos médicos que participan en licitaciones el Ministerio de Salud. En la última de ellas, para adquirir pruebas COVID19, su oferta fue descartada porque su valor superaba en más de RD$40 millones la de la empresa a la que fue adjudicada.