Afirma se prioriza a las personas y los recursos por encima de propuestas programáticas o ideológicas
SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) cuestionó este martes, que las modificaciones realizadas por el Senado de la República a la Ley No. 15-19, sobre Régimen Electoral, excluyera aspectos medulares de la misma.
El pleno de la JCE, reunido este martes, lamenta que lo aprobado por el órgano legislativo configura un sistema político donde se prioriza a las personas y los recursos por encima de las propuestas programáticas o ideológicas.
En ese orden, censura que los senadores no modificaran y por el contrario mantuvieron igual los topes de gastos de campaña y que tampoco se estableciera la obligación de presentar informes de gastos a cargo de las candidaturas.
Asimismo, tampoco tomaron en cuenta sanciones a la violación de los topes y el incumplimiento a la presentación de informes, lo que de haberse aprobado contribuiría a disminuir la incidencia de los intereses privados en la representación popular; crearía condiciones de equidad en la contienda y facilitaría la fiscalización de los recursos que se utilizan en campaña.
“No se acoge la propuesta de eliminación del voto preferencial a nivel de vocalías y regidurías, lo que genera consecuencias negativas, como aumentar los conflictos intra partidarios y el costo de las campañas y forja complicaciones en el proceso operativo de escrutinio”, deplora el pleno de la Junta en un documento enviado a los medios de comunicación.
La JCE se queja de que la cámara alta eliminara su facultad de dictar medidas cautelares, lo que disminuye sus “garras” para dictar medidas temporales en aras de salvaguardar la equidad e integridad del proceso electoral.
“La modificación del actual artículo 25 de la Ley 15-19 constituye una merma a la autoridad y autonomía del Pleno de la JCE, toda vez que se le impone el pronunciamiento a solicitud de las organizaciones políticas sobre cuestiones que quedan abiertas, además de la celebración de audiencias periódicas, incluso mensuales durante el año electoral, convirtiendo al órgano administrativo en un órgano contencioso electoral, lo cual es contraproducente con su naturaleza constitucional de organizar el proceso”, sostiene.
Las modificaciones del proyecto, pendiente de sanción en la Cámara de Diputados, dejaría a direcciones de Elecciones, Informática y el Voto Dominicano en el Exterior bajo las directrices y conducción discrecional de las organizaciones políticas, “socavando la autonomía constitucional de la JCE”.
Por lo antes expuesto -añade- “este Pleno tiene a bien llamar la atención a fin de que se puedan reconsiderar estos aspectos de la reforma, reiterando su política de apertura hacia las organizaciones partidarias, tal y como lo han demostrado los hechos en estos 2 años de gestión”.
Lamentó que tampoco se aprobara la propuesta de paridad de género ni los criterios de paridad vertical y horizontal para la presentación de listas de candidaturas.
El documento del pleno de la JCE será depositado este miércoles por ante el Congreso Nacional.
ASPECTOS QUE LA JCE ELOGIA
En el proyecto fue acogida una importante cantidad de aspectos, como la inclusión de un catálogo de principios rectores del proceso electoral, que contribuirá a una administración electoral mucho más eficaz, así como a un adecuado entendimiento y comprensión de los aspectos fundamentales que caracterizan lo electoral.
Del mismo modo, fueron acogidas las propuestas que hizo la JCE en torno al régimen de plazos legales, que incluye la regulación de la campaña electoral, lo cual dotará de mayor certeza cada una de las etapas electorales.
El Senado acogió la propuesta de reforma al régimen sancionatorio, en la cual se hizo una reclasificación de las penas, según el nivel de gravedad y se incluyeron nuevas infracciones como la violencia política contra la mujer y el crimen contra la integridad de las elecciones.
Asimismo, se acogió la propuesta sobre el rol del Ministerio Público en la persecución de las infracciones electorales, las sugerencias de la JCE en torno a la actualización de la ley, en cumplimiento de las decisiones dictadas, tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Superior Electoral.
