La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, junto decenas de organizaciones y colectivos sociales, instalaron un campamento permanente frente al Palacio Nacional en demanda de la inclusión de las tres causales en el Código Penal.
La acción se realiza luego de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobara un informe que mantiene la penalización sin excepciones. “No vamos a permitir que se promulgue una ley que obligue a niñas y mujeres a morir o vulnerar su salud” advirtieron.
Exigieron al presidente Luis Abinader y a la dirigencia del PRM tomar posición clara sobre este tema. Señalaron que muchas y muchos de quienes apoyaron al PRM y al presidente Luis Abinader en el proceso electoral lo hicieron creyendo en el compromiso que habían asumido con la protección de los derechos de niñas y mujeres: “¿Mintieron, presidente?”, cuestionaron.
“Tanto el PRM como el PLD han expresado su apoyo a las 3 causales como posición oficial del partido, entonces, si los votos están, ¿por qué traicionarnos? No podemos evitar preguntarnos ¿qué se habrá negociado para dar la espalda a las niñas y mujeres? ¿Cuál es el precio de nuestras vidas y nuestra salud?”, ¿Al denominado gobierno del cambio no le importa seguir contando muertes de mujeres y niñas que pueden evitarse?, expresaron.
Recordaron que las tres causales son tres situaciones especiales en las que no se castigaría a la persona afectada y a su personal médico si decide mantener o no un embarazo: cuando corre riesgo la vida de la niña o mujer, cuando es resultado de violación o incesto, y cuando es inviable, es decir, que no tiene posibilidad de dar vida.
y que no se trata de obligar a las personas a abortar.
En el 2013 el 13% de las muertes matrnas es a causa de abortos clandestinos y en el año 2018 mas de 25 mil mujeres y niñas acuden a los servicios de salud por complicaciones relacionadas al aborto, segun los datos del ministerio de salud pública y el levantamiento de información realizada por la organización Human Right Watch. Esto nos confirma que la penalización absoluta no es la respuesta.
Entre 2015 y 2019 dieron a luz 29,487 niñas menores de 16 años. De estas, 1,228 tenían doce años o menos. Sostuvieron que un embarazo en estas circunstancias, no sólo pone en peligro sus vidas, si no que reduce las posibilidades de tener un desarrollo integral, en lo personal y profesional. Aseveraron que “Cuando el Estado no protege a estas niñas de la violencia sexual y luego las obliga a parir, es cómplice de esa violación a sus derechos humanos”. Afirmaron que mantener o no un embarazo resultado de violación, debe ser una decisión de la víctima en conjunto con sus familias. “El Presidente Abinader reafirmó su compromiso contra la violencia hacia niñas y mujeres el 25 de noviembre y recién el 8 de marzo, este compromiso tiene que ser político y no sólo propaganda; para luchar contra la violencia reproductiva las 3 causales son necesarias ya”.
En el primer mes del año la mortalidad materna aumentó 41% con respecto a enero de 2020. Mientras que el año anterior completo murieron 208 mujeres por causas vinculadas al embarazo. “Estas muertes pudieron ser evitadas”, explicaron.
Señalaron que las familias empobrecidas son las que más sufren las consecuencias de la penalización total, pues no tienen los recursos para buscar alternativas cuando corre riesgo su vida o salud. “Sin causales, ustedes perpetúan el círculo de la pobreza y niegan oportunidades a aquellas familias que enfrentan un embarazo infantil”, indicaron.
