Santo Domingo. Estados Unidos presentó este lunes su informe anual sobre los derechos humanos en el que afirma que en República Dominicana la influencia indebida en las decisiones judiciales fue generalizada, pues las interferencias iban desde el enjuiciamiento selectivo hasta la desestimación de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida.
“El poder judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción de alto nivel”, planeta el Departamento de Estado en su reporte relativo al 2020, año que inició con la gestión de Danilo Medina, hasta el 16 de agosto cuando tomó posesión Luis Abinader.
Expresa que la ley prevé un poder judicial independiente y que sin embargo, el Gobierno no respetó la independencia e imparcialidad judicial.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) informó de que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se producía cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los detenidos.
“La corrupción del poder judicial fue un problema grave”, afirma.
Sobre la corrupción y falta de transparencia en el Gobierno
Asegura que el Gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas con impunidad.
De acuerdo al texto, el mayor obstáculo para que las investigaciones fueran efectivas era la falta de voluntad política para enjuiciar a personas acusadas de actos de corrupción, en particular aquellas bien conectadas o que fueran funcionarios o políticos de alto nivel.
“La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y un clamor público”, agrega.
