Bartolo García
Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público arrestó este jueves a los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril, cuando el techo del establecimiento colapsó durante una fiesta, provocando la muerte de 236 personas, incluyendo al cantante Rubby Pérez, y dejando más de 180 heridos.
Antonio Espaillat fue trasladado anoche, bajo fuertes medidas de seguridad, a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras su hermana Maribel permanece también bajo custodia en espera de la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción.
Los hermanos Espaillat fueron interrogados durante varias horas por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a un equipo de fiscales que encabeza la investigación del caso.
La fiscalía los investiga por el delito de homicidio involuntario, bajo el argumento de que actuaron con negligencia al no intervenir estructuralmente la discoteca, pese a señales claras de deterioro en el techo, lo que derivó en la tragedia durante el evento musical.
El abogado de los hermanos, Miguel Valerio, afirmó que sus clientes están colaborando con la investigación y negó que exista riesgo de fuga. “Antonio Espaillat se presentó voluntariamente. Esto no se trata de una acción maliciosa. Nadie quería que esto ocurriera”, expresó el jurista.
Valerio también respondió a las acusaciones de amenazas a testigos por parte de los imputados. “Él dio su versión, nosotros tenemos la nuestra, pero confiamos en que el proceso se mantenga dentro del marco legal. Lo importante es que la investigación sigue su curso y no ha habido privilegios”, subrayó.
En un comunicado, el Ministerio Público declaró que los propietarios del Jet Set “actuaron con una inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no tomar medidas correctivas que evitaran el colapso de la estructura del establecimiento.
La Procuraduría también indicó que se investiga si los hermanos Espaillat realizaron intentos para intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., operadora del Jet Set, que ahora podrían testificar en el proceso judicial.
El trágico suceso conmocionó al país entero y ha generado una ola de críticas hacia la gestión y mantenimiento de centros de entretenimiento, así como cuestionamientos sobre el rol de las autoridades municipales en la supervisión de este tipo de negocios.
El colapso ocurrió en medio de una multitud que asistía al concierto del merenguero Rubby Pérez, quien también perdió la vida en el incidente. La magnitud del desastre llevó al gobierno a declarar duelo nacional por las víctimas.
Los hermanos serán presentados ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional para el conocimiento de medidas de coerción, proceso que, según fuentes judiciales, podría ocurrir en las próximas 48 horas.
Las familias de las víctimas exigen justicia y que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables de la tragedia. Mientras tanto, asociaciones de ingenieros civiles han advertido sobre la necesidad de revisar las normativas estructurales en espacios públicos.
Este caso ha abierto un debate nacional sobre la responsabilidad penal de los empresarios ante la falta de mantenimiento en locales comerciales que representan riesgos para la vida humana, y se espera que marque un precedente en materia de seguridad estructural.
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