El presidente da Alianza País consideró que, “con el aumento exorbitante experimentado por los productos de primera necesidad, los combustibles, el transporte, la vivienda, que afecta principalmente a los pobres y muy pobres y los sectores medios, hay que exigir al gobierno que produzca un ajuste de los salarios al nivel de inflación anual.”
Guillermo Moreno recordó que “la Ley 11-92 que organiza el Código Tributario de la República Dominicana contempla en su artículo 296 este ajuste anual del salario por inflación, conocido este ajuste también como indexación, pero lamentablemente vivimos en un país donde los gobernantes no respetan ni las propias reyes de los estados”.
El vocero máximo de Alianza País expuso que “la última vez que se hizo un ajuste del salario en base a la ley 11-92 fue en 2016”, a lo que agregó que “un cálculo conservador estima que el promedio de inflación acumulada desde ese año hasta la fecha representa un 25% de aumento en los precios”, que ha significado a su vez “la reducción en ese mismo porcentaje del salario real de empleados y trabajadores”
“Esta ausencia de reajuste del salario a la inflación, aseguró el político y abogado dominicano, es una práctica ilegal que genera un impacto negativo en la escala de ingresos de los trabajadores y empleados.”
Moreno señaló que “esta falta de reajuste impacta en las sumas grabables por el impuesto sobre la renta. En este sentido explicó que actualmente la suma exenta de pago de impuesto sobre la renta es de RD$34,150, pero si se hubieran hechos los ajustes por inflación en estos últimos 5 años, el monto exento actualmente fuera de RD$42,566.00”.
Moreno explicó que lo grave de esta situación es que mientras la inflación depaupera el salario de los trabajadores y empleados, en el país hay sectores que devengan ganancias extraordinarias que reciben privilegios aduanales, exoneraciones para la importación de combustible o este se le subsidia”
Moreno concluyó afirmando que “exigirle al gobierno hacer un ajuste anual del salario a los niveles de inflación, es una demanda legal que debe ser levantada por todos los asalariados del país y que contribuirá a una mayor equidad y justicia fiscal”.
