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El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó que “lo primero que hay que puntualizar es que la actual crisis haitiana es un problema interno de Haití y es a los haitianos a quienes corresponde resolver su crisis, en todo caso con el concurso de la comunidad internacional, no siendo la República Dominicana parte de ese conflicto y mucha menos solución para su superación.”

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Guillermo Moreno consideró correcto “adoptar cuantas medidas preventivas resulten necesarias para resguardar nuestra frontera terrestre y marítima para frenar el tráfico de personas, de armas, de drogas, y el contrabando de mercancías, sobre todo en momentos en que Haití está controlado por bandas”.

Moreno puntualizó que “se trata de una medida esencial para resguardar la seguridad interna y la soberanía del país frente a la crisis que vive Haití y que tiene el potencial de afectarnos como a ningún otro país de la región porque compartimos 376 kilómetros de frontera terrestre.”

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Guillermo Moreno también dijo que “la República Dominicana, por razones humanitarias y de solidaridad, tiene el deber de reclamar la participación de la comunidad internacional, específicamente las naciones unidas, para enfrentar la crisis sanitaria y la hambruna que pueda producirse en las próximas semanas en el país vecino.” De igual modo, recalcó Moreno, “es necesario continuar apelando a la comunidad internacional para que se implique en encontrar vías para la pacificación de ese país que permitan en un proceso organizar elecciones de donde puedan surgir autoridades legales y legítimas.”

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El presidente de Alianza País, en este contexto señaló que “a la República Dominicana no le corresponde formar parte de ningún esquema de ocupación militar extranjera ni prestar nuestro territorio para su realización.”

En su comentario radial semanal, el político denunció que “Si de algo son responsables los gobiernos dominicanos, incluyendo el actual, es de no haber definido con tiempo una clara política migratoria, dejándola en manos de cónsules corruptos y mafias de civiles y militares que convirtieron la frontera en tierra de nadie. La presente crisis es una oportunidad que puede ser aprovechada para aplicar la ley y definir y ejecutar una clara y precisa política pública migratoria, en el ámbito laboral, comercial, sanitario, entre otras.”

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