El abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara depositó por ante el magistrado Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, una serie de documentos respecto de supuestas operaciones financieras de las compañías ÚNICO REAL STATE, SRL y Asociación Campesina Madre Tierra, registradas bajo la titularidad de la señora Maybelli Guzmán «pero con evidente vinculación al mayor general (ERD), Adán Cáceres Silvestre», exministro de Defensa (2018).
Gómez Mazara resaltó que uno de los rasgos siempre esquivados en la intención de adecentar el ejercicio público consiste en dejar en la jurisdicción de la clase política los procesos de persecución a las prácticas de corrupción, excluyendo un segmento del sector militar y policial que, en el marco del proceso de descomposición institucional, exhiben niveles de acumulación oprobiosa, regularmente apadrinado por sus jefes políticos.
Para el profesor universitario, una simple observación de las transacciones realizadas por UNICO REAL STATE demuestra que, el ex jefe del cuerpo de ayudantes militares durante la administración del expresidente Danilo Medina, “por coincidencia” reside en una de las propiedades adquiridas por la señora Guzmán en el Municipio Santo Domingo Oeste y la finca avícola ubicada en Sabana Grande de Boyá, también está registrada bajo el nombre de la misma dama.
Gómez Mazara estableció que existe un sentido de complicidad histórica respecto del patrimonio de jerarcas militares que en todos los gobiernos, al cesar en sus funciones, su crecimiento financiero no se corresponde con los ingresos formales conseguidos por su condición de empleado público, y en el caso específico, la empresa que sirve como sombrilla para ambas operaciones posee un capital social de 500 mil pesos, se constituyó en el 2015, está ubicada en Santo Domingo Este y no exhibe un historial de desenvolvimiento contable que justifique desembolsos de altos montos.
Resaltó, lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral 3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente, y en lo concerniente al mayor general (ERD) Cáceres Silvestre, los salarios obtenidos en los últimos 8 años no alcanzan para las inversiones realizadas por la empresa que aparece formalmente de propietaria de inmuebles, “irónicamente” ocupados por el alto militar.
Finalmente, pidió a las autoridades de la PGR actuar y si en el caso apoderado se demuestra que todo se hizo transparentemente será el primero en reconocerlo de manera pública.
