Bolivia ha vivido este miércoles momentos de máxima tensión política tras la irrupción violenta de un grupo de militares en el Palacio Quemado, la sede del Gobierno en La Paz. El presidente, Luis Arce, ha convocado a la población a “que se movilice contra el golpe de Estado”. “No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas”, dijo desde la Casa Grande del Pueblo, un edificio lindante con el Palacio Quemado. Detrás de la asonada está el hasta este martes jefe del Ejército, Juan José Zúñiga, destituido tras advertir de que no permitiría un nuevo gobierno del expresidente Evo Morales.
Una vez controlada la sublevación militar, Arce ha nombrado a un nuevo responsable de las Fuerzas Armadas, que ha ordenado a los uniformados que regresaran a los cuarteles. Tras la designación, los soldados han comenzado a replegarse y Zúñiga ha sido detenido. El general ha tratado de implicar al presidente en un supuesto autogolpe para “levantar su popularidad”. Según su versión, el pasado domingo se reunió con el mandatario y le preguntó: “¿Sacamos los blindados?”. Y este respondió “Saca”, siempre según el relato del militar rebelde. Poco después ha sido aprehendido también Juan Arnez Salvador, excomandante de la Armada boliviana.
El intento de golpe ha sido condenado por todo el espectro político boliviano y por la comunidad internacional. Pasadas las cinco de la tarde de Bolivia (seis horas más en horario peninsular español) unas horas después del inicio de la asonada, Arce ha comparecido desde la Casa Grande del Pueblo para tratar de transmitir unidad y calma a la población. Arropado por sus ministros y por el vicepresidente, David Choquehuanca, ha enfatizado: “Vamos a aplacar los apetitos inconstitucionales”. “Llamamos al pueblo boliviano a movilizarse y a mantener la calma. Todos juntos vamos a derrotar cualquier intentona golpista”.
Una de las primeras medidas de Arce ha sido la de nombrar un nuevo mando militar. El nuevo comandante general del Ejército, José Wilson Sánchez, ha exigido a las tropas que vuelvan a los cuarteles: “Pido, ordeno, dispongo que todo el personal que está en las calles debe retornar a sus unidades”. Acto seguido, Sánchez ha asegurado que “el general Zúñiga ha sido un buen comandante”. “Le pedimos que no deje sangre derramada de nuestros soldados”, ha añadido. “Vamos a estar pendientes de que el Gobierno legalmente constituido permanezca, de acuerdo con las normas del Estado”, en referencia a la Constitución. Tras el llamado del nuevo jefe del Ejército, los militares golpistas han iniciado la retirada de la plaza Murillo.
“Una élite se ha hecho cargo del país, vándalos que han destruido al país”, había dicho previamente Zúñiga desde la plaza Murillo, frente al Palacio de Gobierno, erigiéndose en líder de la asonada. “Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que ya están 30 y 40 años en el poder. Vamos a liberar a todos los presos políticos. Desde [la expresidenta Jeanine] Áñez, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos. A las Fuerzas Armadas no le faltan cojones para velar por el futuro de nuestros niños”, agregó el militar, antes de subirse a un carro blindado.
La tensión se empezó a sentir cuando los militares rebeldes pusieron barricadas para impedir que la gente llegara hasta la plaza Murillo en respuesta al llamado presidencial. Al mismo tiempo han lanzado gases a la población que se manifestaba en su contra. Momentos antes de que algunos militares entrasen en el Palacio Quemado, el general Zúñiga había declarado a la prensa que “la movilización de todas las unidades militares” buscaba expresar su molestia “por la situación del país”. También afirmó que seguía obedeciendo al presidente Luis Arce “por ahora”, pero que tomaría medidas para “cambiar el Gabinete de Gobierno”.
La crisis tiene como marco de un largo intercambio de ataques entre el expresidente Evo Morales y el actual, Luis Arce, un tiempo aliados y hoy enemigos. Arce señaló en discursos ante diversos cuerpos de seguridad del Estado, como el regimiento escolta presidencial y la policía boliviana, que estaba en marcha un “golpe blando” para acortar su mandato, del cual acusó implícitamente a Morales. “Detrás de demandas aparentemente legítimas, en realidad hay un plan de acortar mandatos, lo cual esconde un peligro mayor: la destrucción del Estado Plurinacional, de nuestro modelo económico social comunitario productivo y de los sueños de las bolivianas y bolivianos”, dijo el presidente, exministro de Economía durante el Gobierno de Morales.
Crisis económica y protestas sociales
Mientras tanto, el país sufre una crisis económica con escasez de dólares y combustibles. También hay anuncios de protestas sociales que el Gobierno considera lideradas por el evismo, lo que los sectores involucrados niegan. La Asamblea Legislativa, que hoy es mayoritariamente opositora, está paralizada por la intervención del Órgano Judicial y por la suspensión de sus sesiones por parte de su presidente, David Choquehuanca, quien también es el vicepresidente.
Los militares en la plaza Murillo lanzaron gases lacrimógenos y balines en contra de un grupo de ciudadanos que gritaban: “Lucho, no estás solo”. Se hicieron varias convocatorias a la población a que saliera a rechazar el golpe militar. La Central Obrera Boliviana (COB), la más grande del país, llamó a “levantarse contra los golpistas y el hecho fatídico que ha perpetrado”. Se declaró huelga general indefinida y llamó a todos los sindicatos a viajar a La Paz para defender al Gobierno. “Llamamos a la reflexión a las Fuerzas Armadas. Respeten a la democracia y el Estado de derecho. No es por una persona, sino por todos”, dijo Juan Carlos Guarachi, secretario de la COB.
En un video que subió a las redes sociales, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también denunció un “intento de golpe de Estado”, pero la limitó a una “facción del Ejército”. “Me encuentro en la Casa Grande del Pueblo. La plaza Murillo está tomada por una facción del Ejército que se ha movilizado y ha sacado a las personas de la plaza y tomado las cuatro esquinas”, dijo.
El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, había señalado que se trataba de una protesta del Comando del Ejército y que el Gobierno iba a defender la democracia. El viceministro Jorge Silva, por su parte, había dicho que todo el Gabinete de Arce se encontraba en la Casa Grande del Pueblo. “Llamamos a defender la democracia”.
La asonada unió a la oposición en apoyo al Gobierno, incluso a los grupos más radicales. Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, dio su “respaldo a las instituciones y a la democracia”. “Se debe respetar el mandato del voto popular, cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional”, escribió en las redes sociales. El expresidente Carlos Mesa, en tanto, advirtió que “el mandato del actual Gobierno debe concluir el 8 de noviembre de 2025. Cualquier intento como este no es otra cosa que un golpe de Estado. La comunidad ciudadana se alinea con la defensa militante de la democracia”
Zúñiga perdió su cargo el martes tras una serie de amenazas contra Morales. “No puede ser más presidente de este país. Llegado el caso”, dijo, “no permitiré que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”. En tono elevado, hizo notar que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”.
