El procurador fiscal de Medio Ambiente de Santo Domingo Este, Robert Rodríguez, y la Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional, exhortaron a los propietarios de negocios de recreación y a la ciudadanía en general a evitar los altos niveles de ruido que afectan la salud y la convivencia pacífica entre vecinos del municipio más poblado del país.
Durante un encuentro con dirigentes comunitarios de Villa Duarte, en el marco de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género de Santo Domingo Este, el magistrado Rodríguez anunció que las autoridades se preparan para identificar y sancionar con mayor rigor a los dueños de negocios que incumplen los mandatos de la Ley de Medio Ambiente en materia de contaminación sónica.
Según el fiscal, hace falta que más vecinos formalicen sus denuncias ante el Ministerio Público a los fines de judicializar los casos de ruido que no puedan resolverse a través del diálogo respetuoso entre las partes.
“El ruido es una cultura muy negativa, que está afectando a la forma en que nos relacionamos los dominicanos. En Santo Domingo Este, con el apoyo de la Policía, el Ayuntamiento y la Mesa de Seguridad Ciudadana, estamos trabajando para promover formas recreativas que no impliquen la agresión del entorno privado de los demás”, declaró el procurador fiscal durante el intercambio en la casa de la cultura de Villa Duarte.
En el encuentro el coronel Ricardo Scharbay, en representación del director regional de la Policía, general Máximo Báez Aybar, manifestó el interés del cuerpo del orden de trabajar con los dirigentes comunitarios para enfrentar la contaminación sónica, en especial aquella que ocurre durante el toque de queda.
La coordinación del intercambio estuvo a cargo de Jhonatan Liriano, en su condición de coordinador general de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género.
Según el decreto 121-13, la Mesa Nacional y las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género, como espacios de diálogo, tienen la misión fundamental de propiciar y gestionar la ejecución de las políticas públicas y los programas sobre prevención de violencia y criminalidad, que a su vez fomenten la convivencia pacífica entre moradores de las comunidades definidas en sus planes de trabajo.
