Bartolo García
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra un ciudadano canadiense arrestado en flagrancia por tráfico ilícito de migrantes en la provincia de Santiago.
La solicitud fue presentada por el Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, que destacó la reincidencia del imputado en este tipo de delitos y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
El extranjero identificado como Creamer Troy James, de nacionalidad canadiense, fue detenido mientras conducía una jeepeta marca Changan, modelo X7, color blanco, por una carretera del distrito municipal El Rubio, en el municipio San José de las Matas.
Durante una inspección de rutina, miembros del Ejército de la República Dominicana detectaron que el vehículo transportaba una gran cantidad de personas en condición migratoria irregular, todas de nacionalidad haitiana.
Entre los ocupantes del vehículo se encontraba un menor de apenas dos años de edad, lo que, según el Ministerio Público, agrava aún más la conducta del imputado por el riesgo al que expuso a las víctimas.
La Fiscalía indicó que el arresto se produjo en flagrancia, al comprobarse de manera inmediata la comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes en territorio dominicano.
Las autoridades revelaron además que al momento de su detención, Creamer Troy James se encontraba violando medidas de coerción previamente impuestas en la jurisdicción de Dajabón.
Entre dichas medidas figuraba el arresto domiciliario, ordenado en un proceso anterior por la comisión de delitos similares relacionados con el tráfico de personas indocumentadas.
El Ministerio Público subrayó que la reincidencia del imputado evidencia un patrón de conducta delictiva y un claro desacato a las decisiones judiciales, lo que justifica la solicitud de prisión preventiva.
La fiscal Heidys de León, en representación del órgano acusador, presentó ante el tribunal los cargos provisionales que pesan sobre el ciudadano canadiense.
James es acusado de violar los artículos 2, literales A y E, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, modificada por la Ley 46-25.
Según la acusación, estos artículos sancionan severamente a quienes faciliten, promuevan o ejecuten el traslado ilegal de personas en condición migratoria irregular dentro del territorio nacional.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir de manera firme el tráfico ilícito de migrantes, especialmente cuando se trata de redes o personas reincidentes en este tipo de delitos.
Asimismo, resaltó que continuará trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad del Estado para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas vulnerables.
El caso será conocido por el tribunal competente, que deberá decidir sobre la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía de Santiago.
