Bartolo García
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró positivamente la promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana mediante la Ley 74-25, considerándolo un paso importante hacia la modernización del sistema de justicia. Sin embargo, también alertó sobre preocupantes sacrificios de derechos y disposiciones que entrarían en conflicto con la Constitución dominicana.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que esta nueva normativa penal responde a una demanda histórica de la sociedad dominicana, pero que su contenido debe ser revisado de manera crítica y técnica para asegurar que se alinee con los principios del ordenamiento democrático.
“Valoramos que finalmente el país cuente con un nuevo Código Penal, pero hemos identificado elementos que pueden vulnerar derechos fundamentales y generar tensiones con garantías constitucionales. Este debe ser un punto de partida, no un cierre al debate”, expresó Castaños Guzmán.
La entidad considera que el período de vacatio legis —el plazo antes de que la ley entre en vigor— debe utilizarse para abrir un proceso de revisión plural que permita corregir errores técnicos y garantizar que el Código Penal sea coherente con la Carta Magna.
Finjus destacó que la ciudadanía, durante décadas, ha reclamado un instrumento legal que responda a los desafíos actuales del crimen organizado, la violencia de género, los delitos tecnológicos y la corrupción. En ese sentido, reconocieron que la promulgación del nuevo código representa un avance importante.
No obstante, también subrayaron que ese avance no debe significar un retroceso en derechos humanos ni en garantías procesales. “La justicia no puede avanzar sacrificando derechos fundamentales ni permitiendo normas ambiguas que abran la puerta a interpretaciones arbitrarias”, apuntó Finjus en un comunicado.
Entre las preocupaciones señaladas se encuentran omisiones en temas sensibles, contradicciones con fallos del Tribunal Constitucional y estructuras procesales que podrían entorpecer la eficiencia del sistema judicial.
Por ello, la institución anunció que realizará estudios técnicos y análisis jurídicos en el corto plazo para proponer enmiendas específicas que fortalezcan la aplicación del nuevo Código Penal y lo hagan más coherente con los estándares internacionales.
Asimismo, Finjus reiteró su respaldo al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Defensa Pública, e instó a estas entidades a liderar un proceso conjunto de análisis y mejora continua de la legislación penal.
El llamado se extendió también a las facultades de Derecho, a los colegios profesionales, al empresariado y a la sociedad civil, para que contribuyan activamente en la revisión del contenido del Código.
“La legitimidad del nuevo Código Penal no se limita a su aprobación formal, sino que debe fortalecerse a través del diálogo institucional, técnico y ciudadano”, insistió Servio Tulio Castaños Guzmán.
Además, Finjus se mostró dispuesta a colaborar activamente con el proceso de implementación, ofreciendo su experiencia técnica para capacitar y orientar sobre las nuevas disposiciones a operadores del sistema y a la ciudadanía.
“La promulgación de la Ley 74-25 debe marcar el inicio de una segunda gran ola de reforma judicial en República Dominicana”, señaló Castaños Guzmán, al referirse al compromiso pendiente de transformar integralmente el sistema de justicia.
Para concluir, Finjus reafirmó su compromiso con una justicia más eficiente, accesible, y que priorice los derechos de las personas. “El Código Penal es una herramienta vital para ello, siempre que esté construida sobre la base del respeto a la Constitución y al debido proceso”, enfatizó la institución.
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