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La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) expresó alta preocupación ante el llamado del Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas (CSME)de paralizar los servicios de salud que prestan a los afiliados de Mapfre Salud ARS y que pretenden hacer efectivo desde el lunes 10 al domingo 16 de mayo próximo, en todo el territorio nacional.

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Para FINJUS, la referida medida pone en entredicho la Constitución de la República Dominicana que consagra en su artículo 61 que “toda persona tiene derecho a la salud integral” y ordena al Estado velar por la protección de la salud de todos los habitantes. En este mismo sentido diferentes leyes protegen este derecho, a fin de garantizar el acceso pleno de la población a los servicios sanitarios, al tiempo que norman el ejercicio de las profesiones del área de la salud.

A través de un comunicado, la institución explicó que dentro de esa normativa se destacan la Ley Núm. 42-01, Ley General de Salud; la Ley Núm. 87-01, del Sistema Dominicano de Seguridad Social; al igual que los reglamentos, resoluciones, normas y circulares emitidos por los órganos que conforman el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Estas leyes ordenan a las ARS, garantizar que la gestión de la salud sea eficiente, oportuna, satisfactoria y de calidad, mediante la correcta administración y supervisión de la red de Prestadoras de Servicios de Salud, coordinadas por a la Superintendencia de Salud, en base al artículo 172 de la Ley 87-01.

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«La Ley 87-01 ha establecido asimismo un conjunto de principios rectores y mecanismos que buscan garantizar que las diferencias que puedan generarse entre los distintos actores sean dirimidos en el CNSS y Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para que la resolución de dichos conflictos se haga de manera eficiente y evitando que en esos procesos no resulten afectados los afiliados», dice el documento .

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Para FINJUS el conflicto que se ha generado tiene que ser resuelto en el marco de los principios, procedimientos y mecanismos que establece la normativa del sector salud, sin poner en riesgo la calidad, el alcance y lanaturaleza de los servicios que se prestan a la población.

El llamado a paro que han planteado el CMD y la CSME se realiza en el marco de los graves efectos de la pandemia por COVID-19 que afecta al país y contra pone con los esfuerzos e iniciativas en marcha desde el Estado y la sociedad para alcanzar una pronta recuperación de la crisis sanitaria yeconómicapresente.

FINJUS reiteró el llamado a la sensatez y la cordura para realizar los diálogos que sean necesarios en busca de una soluciones racionales y factibles, y exhorta a las asociaciones médicas convocantes a dejar sin efecto el paro anunciado, que constituye una acción inadecuada, inoportuna y carente de sentido legal.

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