Bartolo García
El expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Teodoro Tejada, salió en respaldo a las inspecciones y clausuras que ejecuta el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) en comercios de capital chino y otros establecimientos del país.
El gremialista coincidió con el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, en que la vida humana está por encima de cualquier interés económico y que las medidas deben sostenerse sin titubeos.
Tejada enfatizó que las edificaciones que carezcan de permisos o presenten vicios de construcción deben ser clausuradas de inmediato. A su juicio, esperar a que ocurran tragedias para actuar sería una irresponsabilidad inaceptable.
Las declaraciones del profesional se producen tras la rueda de prensa en la que Bonilla presentó los resultados de los operativos de inspección realizados en varias zonas del país. En estos, se detectaron riesgos estructurales críticos en múltiples establecimientos, entre ellos comercios administrados por ciudadanos de origen chino.
El ministro fue categórico: “Salvar vidas está por encima de cualquier actividad económica. Si no clausuramos a tiempo, si no tomamos medidas oportunas, nuestro trabajo carece de sentido”.
Según los informes técnicos, las fallas identificadas son de alta gravedad. Entre ellas destacan la falta de redundancia estructural, la presencia de pisos blandos y deformaciones notables, irregularidades en la elevación y planta de las edificaciones, además de serias deficiencias en la transferencia de cargas.
Estos hallazgos son una señal de alarma que evidencia cómo, por años, la permisividad y la improvisación han puesto en riesgo la vida de trabajadores y consumidores que a diario acuden a estos comercios.
El MIVED sustentó sus actuaciones en la Ley 687-82 y el decreto 232-17, normativas que establecen los parámetros para la elaboración, ejecución y revisión periódica de proyectos y obras de ingeniería y arquitectura en el país.
Más allá de la clausura de locales, este caso abre un debate profundo: ¿hasta qué punto las autoridades han sido firmes en garantizar la supervisión de la calidad de las construcciones? La experiencia demuestra que la debilidad en los controles técnicos ha sido un mal histórico en la República Dominicana.
Expertos coinciden en que la tragedia del colapso de cualquier estructura no solo supone pérdidas humanas irreparables, sino que también genera costos económicos altísimos para el Estado, las empresas y las familias afectadas.
El análisis de Tejada va en esa misma dirección: “No podemos esperar que la improvisación y el afán de lucro marquen la pauta en un sector tan delicado. La seguridad estructural es un derecho ciudadano”.
La situación se conecta con otro mal crónico en el país: la cultura de la informalidad y la falta de supervisión en el tránsito y la construcción. Al igual que los accidentes viales —donde la imprudencia y el incumplimiento de normas cobran miles de vidas al año—, las fallas estructurales son otra cara de la misma moneda: un sistema que tolera riesgos evidentes hasta que se producen tragedias.
En ambos casos, la ausencia de controles firmes, sanciones ejemplares y campañas de educación masiva alimenta un círculo vicioso que pone a la sociedad en constante vulnerabilidad.
De ahí que este paso del MIVED no debe quedarse en operativos puntuales. Se requiere un plan sostenido de inspección, sanción y educación, que abarque desde pequeños comercios hasta grandes infraestructuras, con la finalidad de erradicar la cultura de la negligencia que tanto daño causa al país.
La clausura de estos comercios debe entenderse, entonces, no como un castigo económico, sino como una decisión necesaria para salvar vidas y para avanzar hacia una República Dominicana más segura, con edificaciones que respeten la ley y ciudadanos que confíen en la solidez de los espacios donde viven, trabajan o consumen.
