BARAHONA– El aspirante a síndico por el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), Carlos García López, solicitó al alcalde Noel
Suberví Nin, rendir un informe económico de los más de mil 600
millones que ha recibido desde agosto del 2002 hasta diciembre del
2018.
García López, hizo el pedido durante un conversatorio en el restaurant
“María Montez”, con dirigentes comunitarios y profesores donde explico
la cantidad de recursos económicos que ha manejado la alcaldía en el
periodo 2002-2018.
Manifestó que el ejecutivo municipal tiene la obligación de rendir un
informe sobre la forma que ha utilizado los ingresos recibidos del
Presupuesto del Estado, como lo establece la Ley-176-07 en su artículo
246, que dice “Los servidores públicos de los municipios tienen la
obligación de responder ante los ciudadanos por su trabajo, donde
expliquen a la sociedad sus acciones, y aceptar consecuentemente la
responsabilidad de las mismas”.
El aspirante peledeísta manifestó que con los recursos que ha recibido
el síndico Suberví Nin, pudo haber resuelto el caos en el tránsito,
construido aceras y contenes, asfaltar varios kilómetros de calles, un
matadero, un mercado público y una funereria municipal.
Además, señalizado las calles, corregido el drenaje pluvial, colocado
semáforos inteligentes, iluminado la ciudad, implementado un buen
sistema de recogida de basura, darle mantenimiento a los parques y
plazas públicas, apoyado los deportes, la educación, salud y la
equidad de género.
Reitero que la presente gestión municipal de Suberví Nin, ha recibido
del Presupuesto del Estado y de los proventos municipales la suma de
1,687,821,182.69 millones de pesos desde agosto de 2002 hasta
diciembre del 2018, sin que la población conozca donde han sido
invertidos esos recursos.
No cumple con la Ley 176-07
El dirigente político dijo que tampoco el alcalde está cumpliendo con
la Ley 176-07 es su artículo 21, que establece como se destinan los
fondos del ayuntamiento que son el 25% para gastos de personal, el 31%
para realización de actividades, funcionamiento y mantenimiento
ordinario de los servicios municipales.
Además, al menos el 40% para obras de infraestructura, adquisición y
modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles, incluyendo
gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo
económico local y social; y un 4% dedicado a programas educativos,
género y salud.
Señaló que la violación de este artículo es sancionado con penas de 2
a 5 años de prisión y con el pago de indemnizaciones.
