Santo Domingo, RD.- El día 1º. de enero de 2020 demostró que en la República Dominicana las respuestas del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres han resultado inadecuadas e insuficientes.
Los sucesos lamentables de ese día con cuatro mujeres asesinadas, más la secuencia de feminicidios durante el año 2019, cuando, en promedio, una mujer dominicana fue asesinada cada dos días y medio, demuestran que la violencia contra las mujeres es un problema estructural complejo que no ha sido abordado con la profundidad y responsabilidad que amerita.
Para colmo, el miércoles 8 de enero vivimos el dolor del horrendo asesinato de una niña de cuatro años en condiciones de vulnerabilidad social y familiar que tenía varios días desaparecida.
Durante el año 2019, el movimiento de mujeres junto a otras organizaciones sociales desarrolló diversas actividades en demanda de una intervención estatal más amplia y efectiva, culminando con la gran Marcha de las Mariposas contra la Violencia el 24 de noviembre.
Siempre, las respuestas de las autoridades han consistido en declaraciones de intenciones que no se concretan en planes y programas específicos de aplicabilidad inmediata, ni en la asignación de fondos adecuados para su ejecución.
Por eso hoy, reunidas frente al Palacio Nacional, demandamos al Gobierno Central que declare un ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL.
Los feminicidios son crímenes atroces contra las mujeres que expresan una grave perturbación del orden social nacional y dejan centenares de huérfanos cada año.
Demandamos además que se convoque a la mayor brevedad un CONSEJO DE GOBIERNO con el propósito de establecer las directrices generales de la intervención del Estado, y lograr la incorporación y el compromiso de todos los ministerios en las acciones a tomarse para enfrentar este flagelo de la violencia contra las mujeres.
El Estado tiene la responsabilidad y la obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres, y así lo ha asumido en acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que forma parte de nuestro Bloque de Constitucionalidad, en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reiteramos dos demandas planteadas el pasado 24 de noviembre en la Marcha de las Mariposas contra la Violencia:
1. Que se apruebe urgentemente la Ley Orgánica Integral contra la Violencia.
2. Que el Gobierno Central reconozca que persiste un escenario desfavorable a las mujeres en el contexto de una cultura machista y violenta, que se caracteriza por la carencia de políticas públicas efectivas, y se produzca un compromiso nacional para impulsar programas que mejoren las condiciones de vida de todas las mujeres dominicanas.
Demandamos también:
· Diseñar y aplicar planes y programas enfocados en cambiar la masculinidad violenta que predomina en la República Dominicana.
· Impulsar modelos de atención a la violencia contra la mujer que partan del reconocimiento de que la violencia restringe el ejercicio de los derechos de las mujeres. Insistimos en que la violencia contra la mujer no solo se da en el ámbito de las parejas íntimas, sino en múltiples ámbitos.
· La atención debe cubrir aspectos legales, psicológicos, económicos, políticos e institucionales; lo que hace indispensable la participación de diversas instituciones públicas.
· Aplicar una adecuada política criminal capaz de articular un sistema de protección de las denunciantes para que no haya revictimización de las mujeres cuando acuden a denunciar. Lo que está sucediendo es que el Gobierno pide a las mujeres que denuncien, y cuando acuden a denunciar no hay recursos humanos ni materiales suficientes para dar respuesta oportuna.
· Entrenar al personal de las instituciones de salud pública para la detección y atención de casos de violencia que entran por ese sistema.
Las demandas por el reconocimiento de nuestros derechos han sido constantes a través de los últimos años y ya estamos cansadas de dilaciones y excusas.
