A la mayoría de los empleados cancelados en el Estado por el gobierno que dirige Luis Abinader, que en el caso del Cibao son cientos cada semana, el problema se les está complicando más, debido a que una gran cantidad de las ARS se niegan a cambiarles el seguro médico institucional, con el cual eran atendidos en los centros asistenciales privados, para ser pagados por los interesados, luego de que éstos pasan de 64 años de edad o tienen enfermedades catastróficas.
Los afectados por la medida empresarial pidieron al Tribunal Constitucional (TC) manifestarse al respecto. Los perjudicados que no tienen seguro médico por las cancelaciones, también abarcan a Ayuntamientos y Distritos Municipales.
Los ex empleados del Estado aseguran que las ARS están violando la Ley de la Seguridad Social y la Constitución de la República, respecto al derecho que tienen los ciudadanos a recibir el servicio de salud, tanto del sector oficial como del privado. Informaron que lo mismo está ocurriendo con empleados cancelados del sector privado, que tienen las mismas condiciones.
Los ex servidores públicos manifestaron que no están pidiendo la donación del seguro médico, sino que se les permita seguir pagando el servicio que estaban recibiendo en los centros de salud privados, cuando pertenecían a organismos del Estado.
Afirmaron que hay de los ex empleados cancelados que estaban en Aseguradoras, de las que hoy se niegan a regularizarse su seguro médico, desde muy antes de existir el Sistema de la Seguridad Social, pero son rechazos porque ya tienen más de 64 años, están enfermos o algunos de sus dependientes.
Varios de los demandantes precisaron que las Aseguradoras se pasaron decenas de años recibiendo dinero por concepto del seguro institucional, cuando eran más jóvenes, pero ahora, que es cuando ellos más necesitan el seguro médico privado, se niegan a regularizarles el servicio. Dicen que están cancelados del Estado y sin el seguro médico privado que ellos quieren seguir pagando.
Favorecen que el Estado saque del Sistema de la Seguridad Social a esas empresas violadoras de la Ley y Constitución, creando otro mecanismo que acoja a todos los ciudadanos sin importar sus condiciones.
