El Departamento de Estado de EE. UU. exigirá datos de redes sociales a solicitantes de visado

Una nueva normativa que afectará a millones de personas

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado una nueva normativa que requerirá a los solicitantes de visado de todo el mundo proporcionar información sobre las redes sociales que han utilizado en los últimos años. Esta política podría afectar a aproximadamente 14,7 millones de personas, según confirmó una fuente oficial que prefirió mantener el anonimato.

Entrada en vigor y requisitos

La nueva normativa, publicada el viernes, entrará en vigor dentro de 60 días, una vez que haya completado el proceso de revisión en el que se permite la participación de ciudadanos y organizaciones para expresar su opinión al respecto. Una vez en vigor, aquellos que deseen solicitar un visado para viajar a Estados Unidos deberán completar un cuestionario que incluye la solicitud de nombres de usuario en redes sociales de los últimos cinco años, así como datos personales de los últimos quince años.

Antecedentes y justificación

Esta medida responde a una orden emitida por el presidente Donald Trump en marzo de 2017, con el objetivo de fortalecer el escrutinio de los solicitantes de visado en el extranjero para prevenir la entrada de posibles amenazas a la seguridad nacional, como terroristas. En junio de 2016, Estados Unidos comenzó a solicitar datos de redes sociales a unos 65.000 solicitantes de visados.

Detalles del cuestionario

El cuestionario requiere a los solicitantes proporcionar nombres de usuario utilizados en redes sociales en los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de pasaportes anteriores, nombres y fechas de nacimiento de familiares, historial de empleo de los últimos 15 años, países visitados, direcciones de residencia, entre otros detalles.

Críticas y opiniones

Este cambio ha generado críticas por parte de organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que considera el plan como “ineficaz” y “profundamente problemático”. Según Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad de ACLU, este plan vulnera los derechos de inmigrantes y ciudadanos al afectar la libertad de expresión y asociación, generando preocupaciones sobre la interpretación de la información online por parte del Gobierno.