POR JUAN T H
El huracán Fiona ha provocado daños cuantiosos en La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, María Trinidad Sánchez, Samaná y San Francisco de Macorís, entre otros, dejando daños que el presidente Luís Abinader estima en más de 20 mil millones de pesos, una suma astronómica para un país que no termina de salir de una crisis económica severa que afecta considerablemente la producción nacional, encareciendo la canasta familiar.
Ante la adversidad del huracán y las pérdidas ocasionadas el presidente ha declarado zona de emergía prácticamente toda la región perjudicada. En un gesto plausible, todos los partidos con representación en la cámara de diputados decidieron aprobar la medida emanada del Poder Ejecutivo, por 45 días. La pieza ahora pasará al Senado de la República donde supongo sucederá lo mismo. De ese modo el Congreso le está otorgando al gobierno del presidente Abinader una especie de cheque en blanco para que haga lo que tiene que hacer en beneficio de los sectores que fueron devastados por el paso de Fiona.
En el pasado no muy lejano el Poder Ejecutivo, en manos de un partido hegemónico, como el PLD, que controlaba todos los poderes del Estado, hizo aprobar estados de emergencia sin ninguna justificación que no fuera el robo y el saqueo. Los estados de emergencia fueron utilizados para hacer grandes negocios en beneficio de suplidores del Estado en contubernio con los funcionarios de las distintas carteras.
Los estados de emergencia decretados por los gobiernos del PLD eran un negocio de la Corporación Empresarial que dirigía el país. No fueron pocos los que hicieron grandes negocios con los estados de emergencia.
No es casual que el presidente Abinader haya advertido a sus funcionarios, que tienen que actuar con absoluta pulcritud en el manejo de los fondos que la emergencia pondrá en sus manos. El que actúe indebidamente será cancelado y sometido a la justicia, también de emergencia, ha dicho el mandatario. ¡El presidente sabe lo que dice y porque lo dice!
La transparencia tiene que primar. Nadie puede usar los dineros del presupuesto nacional para favorecer a contratistas y suplidores del Estado, ni para beneficio propio. El que lo haga tiene que pagar las consecuencias, no importa como se llame ni la oposición que ocupe tanto en el gobierno como en el partido.
Voy más lejos: Considero que al final de la jornada, cuando las zonas perjudicadas hayan sido recuperadas fruto de la acción gubernamental, el gobierno debe rendir un informe detallado de cuánto dinero se gastó y como se gastó, de tal manera que no haya ninguna duda. Puede hacerlo mediante un enarte en los diarios, como lo hizo Hipólito Mejía con los “bonos soberanos”, que explicó, con lujo de detalles, como se utilizaron los recursos, despejando cualquier duda.
La declaración de emergencia agiliza los procesos de compra y contrataciones del Estado, evitando licitaciones y otros procedimientos largos y tediosos. La situación es apremiante porque las zonas afectadas fueron devastadas, como lo muestran las imágenes en la televisión y en las redes sociales. La gente no puede esperar mucho tiempo. Hay que resolver ahora, no mañana. Como ha dicho el presidente Abinader, no es gastar más, es gastar bien, evitando las cancelaciones de emergencia de los elementos inescrupulosos que puedan aparecer en el camino.
