Por Pablo Vicente
La democracia, como sistema político, se sustenta fundamentalmente en la participación activa de sus ciudadanos. De hecho, se habla mucho de democracia electoral. En este contexto, el voto se constituye como uno de los pilares fundamentales de la expresión democrática, siendo este un medio a través del cual los individuos pueden expresarse en relación con el gobierno. Sin embargo, la participación electoral no siempre alcanza los niveles deseados, tal y como ocurrió en el pasado torneo electoral y es aquí donde surge el debate sobre la implementación o no del voto obligatorio.
El tema sobre la imposición del voto obligatorio ha tomado fuerza en los últimos días a propósito de los resultados electorales del mes de febrero, Si bien es verdad que el debate resurge de vez en cuando, principalmente debido a una caída en la participación electoral, ello no significa que se pueda hablar de una discusión pública intensa y que forma parte de la agenda pública.
En el debate sobre el voto obligatorio, tanto los partidarios como los opositores presentan argumentos que dependiendo del punto de vista que se analiza tiene sus defensores, así como sus opositores.
Los defensores argumentan que es un deber democrático que el ciudadano tiene que cumplir y que en una democracia podría, a su vez, exigir, argumenta que el voto obligatorio fortalece la legitimidad del gobierno, al garantizar que los líderes electos cuenten con un respaldo más amplio y representativo de la voluntad popular, por lo que existe una mayor legitimidad de los representantes electos, en definitiva, la obligatoriedad de voto parte de la suposición de que una alta participación electoral es signo de una mejor democracia.
Sin embargo, los opositores al voto obligatorio plantean la libertad de elección de la persona, en la que se incluye asimismo la libertad de no participar en una elección, ya que nadie puede ser obligado a mostrar interés político, la obligatoriedad coarta la libertad individual y el derecho a la autodeterminación. Obligar a los ciudadanos a participar en un proceso electoral puede ser percibido como una forma de imposición estatal, contraria a los principios de libertad y democracia.
En definitiva, el debate sobre el voto obligatorio nos lleva a reflexionar sobre el papel de la participación ciudadana en el sistema democrático. Más allá de las imposiciones de medidas legales y coercitivas, es fundamental promover una cultura cívica que valore y fomente el compromiso político de los ciudadanos, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para que los actores políticos reflexionen sobre su accionar y puedan lograr que la ciudadanía se siente motivada a acudir a las urnas y poder ejercer un voto consciente e informado.
El autor es abogado, magíster en derecho electoral, presidente de FUJUDEL [email protected]
