Por JUAN T H
El Sistema de Justicia de la República Dominicana no es propio de un Estado Democrático de Derecho, como está plasmado en la Constitución. Por el contrario, es un sistema injusto y clasista, que privilegia a unos mientras condena a otros, dependiendo del estatus económico, político y social.
Es simple: los pobres van a las cárceles, los ricos o poderosos, no, aunque haya sus excepciones que no hacen más que confirmar la regla. Las cifras hablan por sí mismas: en el sistema carcelario del país hay 35 recintos, 12 de corrección y rehabilitación y 23 del denominado viejo modelo, donde purgan sus condenas la mayoría.
Unos 26 mil reclusos se encuentran entre rejas, cerca del 70% de manera preventiva a pesar de que el 50% ya cumplió la medida de coerción que le fue impuesta, según la Oficina Nacional de Defensa Pública, lo cual no solo es injusto, sino violatorio el derecho de defensa, al debido proceso y la presunción de inocencia de todos los ciudadanos acusados de cometer un delito. (Se supone que todo individúo es inocente hasta tanto un juez competente determine lo contrario durante un juicio).
Un altísimo porcentaje de los “Internos” en nuestras cárceles no solo están preventivos (casi un 70%), la mayoría pobres, sin nombre, ni apellidos sonoros o de “alta gama”, y, por supuesto, sin dinero para pagar abogados de renombre, que los defiendan a rajatablas, sean culpables o inocentes, sino que están en “ergástulas” donde encerraban a los esclavos. El hacinamiento de nuestras cárceles es vergonzoso. En la cárcel de La Victoria, por ejemplo, han encerrado unas 8 mil personas, pero ocurre que fue construida solo para dos mil “internos”, como eufemísticamente les dicen a los desheredados de la fortuna del país.
Señores de la justicia, hay que humanizar las cárceles. Si a los ciudadanos de abajo le quitamos su libertad, no les quitemos su dignidad. Las cárceles están abarrotadas de presos preventivos. El Sistema de Justicia es muy costoso. Hay que terminar con la cultura del ¡tránquenlo!
La última de las medidas de coerción es la primera. El Ministerio Público de la “justicia independiente” solicita que todos los expedientes sean declarados “complejos” para solicitar 18 meses de cárcel, que suelen extenderse a 20, 24, etc. (Hasta que Colón baje el dedo) La cultura trujillista-balaguerista del ¡tránquenlo! sigue vigente.
Este es uno de los países que porcentualmente tiene más presos preventivos del mundo.
Hay ciudadanos que se han pasado años en la cárcel sin ni siquiera tener una acusación formal, solo por no tener quien lo defienda, por no tener familia que lo proteja y pague los sobornos que en muchas ocasiones hay que pagar. Las cárceles dominicanas están deshumanizadas.
El político corrupto, logra medidas de coerción benignas, como garantía económica, prisión domiciliaria o visita periódica. Las medidas suelen variárselas para acomodarlo. Rara vez un político corrupto va a la cárcel. Y si por casualidad termina en una jaula, se la acondicionan como si fuera una suite, con aire acondicionado, colchones de “doble Sprint”, le llevan la esposa y las amantes en horarios distintos. Es la doble moral de la justicia clasista y privilegiada.
La última medida de coerción, la prisión preventiva, es la primera.
Se supone, solo se supone, que tenemos como medida de coerción, el arresto, la prisión preventiva, la presentación de garantías económicas, impedimento de salida del país o localidad, someterse al cuidado o vigilancia de persona o institución, presentación periódica ante el juez o autoridad competente y el arresto domiciliario.
La culpa no es exactamente del Ministerio Público, que tiene el derecho de pedir lo que considere; la responsabilidad es del juez o de los jueces que tienen que ser garantistas, es decir, tienen que proteger la presunción de inocencia y tratar de impedir una condena anticipada, como sucede cuando una persona tiene que estar presa dos y hasta tres años sin poder trabajar, salir y hacer una vida, cuando perfectamente puede hacerlo sin dejar de asistir a las audiencias hasta completar el proceso judicial y que el juez, solo el juez, determine culpabilidad o inocencia.
Pero en este país los jueces tienen miedo, como dijera recientemente el magistrado Jorge Subero Isa. Miedo a los medios de comunicación, a las redes sociales y el morbo que las acompañan muchas veces. El juez que tenga miedo de cumplir con su responsabilidad, que abandone la carrera judicial y se compre un perro prieto. El juez o la jueza, no puede ser cobarde, ni responder a intereses que no sean los que emanen de su deber. Un juez verdadero no acepta presiones ni chantajes de nadie; no se doblega ante el poder, político, económico o social; un juez verdadero actúa conforme a la doctrina, a la Constitución y la Ley. Un juez verdadero “no coje corte”.
