La Asamblea de Ecuador aprobó la denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación para normar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en los embarazos productos de una violación.
La decisión de ese organismo se produjo con el voto a favor de 75 legisladores, mientras que otros 41 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron. En lo medular, el nuevo cuerpo legal permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el caso de mujeres mayores de edad en zonas urbanas, y hasta las 16 semanas las menores de edad o mujeres de sectores rurales.
Una de las asambleístas que más abogaron por esta causa, Johana Moreira, dijo en un discurso en el pleno del órgano legislativo y con la voz entrecortada por la emoción que “hemos tenido que regatear los plazos justos, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso, por sin duda, es una decisión totalmente necesaria”.
La Corte Constitucional había aprobado en abril de 2021 la despenalización del aborto por violación, pero el legislativo ecuatoriano quedó con la misión de reglamentarlo. Desde antes se permitía la suspensión de la gestación cuando amenazaba la vida de la madre por cualquier causa.
Por violación
La nueva ley, que se enviará al Ejecutivo para observaciones o veto, producto de la sostenida lucha de grupos feministas; de mujeres que denunciaban miles de casos anuales de violación y de la criminalización del aborto. Que por otras causas es castigado con penas de cárcel para las madres y con uno a tres años para quien les ayude a practicarlo. El mandatario se ha definido como defensor de la vida desde la gestación; aunque en campaña ofreció respetar las decisiones de quienes no coinciden con su pensamiento.